El Fiscal Electoral del Estado, Ernesto López Hernández, reconoció que falta mucho trabajo para erradicar la violencia política en razón de género, ya que siempre ha existido pero ahora se está visibilizando y tiene que combatirse de manera frontal, es necesario que deje de existir, no es normal y hay que sancionar a los responsables.
Todas las mujeres víctimas de violencia política electoral deberán denunciar, hacer visible la agresión, señalar al responsable o a los responsables, presentar las pruebas para que haya investigación, restitución de derechos y sanciones, si los responsables son servidores públicos pueden ser destituidos, enfatizó..
Durante la mesa de análisis: “Efectos de la Violencia Política en la Vida democrática de la Región Sureste de México”, comentó que hay avances, resoluciones a favor de las víctimas, el Órgano Público Local Electoral ha emitido sanciones, hay quienes han perdido el modo honesto de vivir que han sido inscritos en el Catálogo Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género pero no hay muchas resoluciones en materia penal.
La Fiscalía Electoral tiene siete casos en el juzgado de Pichucalco, de Chiapa de Corzo y Tapachula y por violencia política en razón de género, la pena que corresponde entra dentro de los delitos que pueden ser de manera anticipada, es decir, hay un beneficio de solución a través de la suspensión del derecho a favor del acusado y como consecuencia no se emite sentencia, explicó.
López Hernández mencionó que existe mucho camino en materia de violencia política en razón de género aunque el sistema penal no se trata solamente de crear delitos, no es incrementando penas como se va a evitar, sino a través de todo el espectro del derecho, tanto en materia electoral como punitivo, la finalidad es evitar violencia contra las mujeres y garantizarles todos sus derechos.
A veces la narrativa de los hechos sí constituyen un delito pero a veces no son específicamente no son en materia de violencia política en razón de género, o no se documentan, un caso similar se presenta en el municipio indígena de Chamula, que está en investigación y que se deberán aportar todas las evidencias.
Afirmó que los modelos que se han desarrollado por generaciones respecto de la violencia política y en especifico de las mujeres, se había venido considerando de manera normal, si bien en los últimos años se ha avanzado para garantizar los derechos de las mujeres en todas las áreas, en especifico en la política, no es suficiente.
En el evento organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), expuso que el sureste del país siempre ha sido un referente en materia de violencia política en razón de género, en el 2018 se establecieron los lineamientos para determinar la sustitución de cargos de representación proporcional derivado de la sustitución ilegal de candidaturas al amparo del fraude a la ley y de violentar los derechos políticos electorales de las mujeres.
Comentó que las responsabilidades que una persona pueda presentar al amparo de su conducta pueden ser de cuatro tipos, la responsabilidad política, administrativa, civil y penal, son las que tienen que enfrentan los que contrarían la legislación al cometer violencia política contra la mujer y derivado de ello tienen que haber determinaciones ejemplares en el Órgano Público Local Electoral, Tribunal Electoral del Estado y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
