El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Guillermo Asseburg Archila llamó a evaluar el contexto de las elecciones del 1 de julio del 2018, ante la falta de inclusión de candidaturas indígenas a puestos de elección, para generar propuestas que en un futuro incidieran en el establecimiento de políticas dirigidas hacia una acción afirmativa a favor de los pueblos nativos.

En Chiapas son 12 grupos aborígenes asentados en 88 municipios, sin embargo, los 11 partidos políticos contendientes para el sufragio de 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales no estuvieron a la altura de los requerimientos de los mismos; por lo que, debe abrirse debates sobre el futuro de la representación política de los pueblos originarios, instituyendo criterios de acción afirmativa en el ejercicio de los derechos políticos electorales.

La participación política natural en el país puede explicarse desde un enfoque liberal para dar cuenta del acceso a los cargos de elección; su presencia en las instituciones, que tiene que ver con la constitución de ciudadanía auténtica, con el ejercicio del poder y la participación de los pueblos indígenas a través de sus usos y costumbres, mediante la práctica de su derecho a la autonomía, con las formas de intermediación y canalización de intereses de colectivos, afirmó.

Durante un foro de participación ciudadana con pueblos originarios e instituciones electorales, Asseburg Archila subrayó que la representación y la participación política indígena pasan por las dependencias políticas, organizaciones sociales, gestión, la inclusión en las políticas públicas, los procesos electorales, así como por sus propias formas de gobierno y organización comunitaria.

La coyuntura actual parece más favorable que nunca al replanteo de la cuestión en México, concebir y debatir estrategias más eficientes, concertar y diseñar reformas incluyentes, desde esta óptica, las propuestas desarrolladas a partir del multiculturalismo han contribuido a abrir nuevos espacios de discusión y reflexión, refirió.

Lo que debe ser rescatado son las reformas en materia de participación política y de representación legislativa nativa en la nación son las experiencias concretas con modelos operativos y exitosos, pero adaptados a las especificidades nacionales, estatales, regionales y locales que caracterizan la cuestión indígena en la nación, dijo.

El reto para la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la vida pública del país es, en tal sentido, doble: en principio, hay que plasmarlos legalmente en los diferentes instrumentos jurídicos nacionales y estatales y, después, apegarse a los mismos.

Compete al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana hacer avanzar la legislación al respecto, así como coadyuvar a que se genere una cultura cívica proclive a la aceptación de los derechos a la diferencia y, entre ellos, especialmente, el de los pueblos aborígenes a conservar su identidad cultural.

Ello, apuntó, obliga a analizar las peculiaridades históricas y geográficas, sociodemográficas y económicas, culturales y lingüísticas de las regiones indígenas, de los pueblos y de las identidades indígenas para lograr una ciudadanía incluyente y realmente multicultural o étnica, para la realización y la consolidación de una agenda política que amplíe los derechos indígenas, en lugar de restringirlos, e incentive y respete nuevas formas de participación.