/ lunes 11 de noviembre de 2024

Fallos en los protocolos de búsqueda y justicia en Chiapas

Protocolo Alba tampoco se aplica para regresar a las personas desaparecidas a sus hogares, dicen madres víctimas

La alerta Amber se debe aplicar para que niñas, niños y adolescentes regresen a sus hogares, sin embargo, la denuncia de colectivas es que no funciona, mientras que el protocolo Alba, herramienta de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas tampoco se aplica.

Te puede interesar: Encuentran a jovencita desaparecida sin vida; tenía 7 meses de embarazo

La alerta Amber es una red estatal y nacional para localizar a niños y niñas desaparecidos, tras denuncia, se emite un boletín informativo para obtener ayuda de la sociedad para encontrar a los desaparecidos y detener a los responsables, se emiten cápsulas o formativas sobre la desaparición del menor y el objetivo es llamar de inmediato la atención de la sociedad y regresar salvo al niño, concluye su función con la localización.

El protocolo Alba es un mecanismo preventivo y reactivo, a partir de una denuncia, para realizar de inmediato la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, la libertad personal e integridad, la cédula de identidad del Protocolo es el documento oficial que contiene datos de la persona desaparecida, concluye su función con la localización de la persona.

Un tercer protocolo es Has Visto a: para alertar a la población a la búsqueda de personas hombres, que tras denuncia, se emite la ficha de búsqueda para su localización, y concluye esta herramienta al localizar al desaparecido.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Chiapas mil 348 casos, 345 son niñas, niños y adolescentes, los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Reforma reportan el 50 por ciento de las desapariciones de las infancias.

Las colonias de Tuxtla Gutiérrez más violentas para las mujeres consideradas como focos rojos y dónde se presenta el mayor índice delictivo confirmadas así por el sistema de denuncia anónima 911 son alrededor de 25, entre ellas el Centro, San José, Terán, Patria Nueva, Bienestar Social, Niño de Atocha, San Roque, San Francisco, Las Granjas, Francisco I. Madero.

La representante de la colectiva Madres en Resistencia, Isabel Torres, afirmó que la Alerta Amber y el Protocolo Albaque aplica la Fiscalía General del Estado no funcionan, son las familias de los desaparecidos y de las víctimas de feminicidio las que realizan las investigaciones, en muchos casos los padres han tenido que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en busca de justicia que en Chiapas se les ha negado.

Explicó que cuando la FGE publica la ficha de búsqueda de la Alerta Amber y el Protocolo Alba es porque ha hubo denuncia de la familia, y sirve para que la ciudadanía ayude a compartir la información de la desaparición de las personas que estamos buscando, pero el gran problema es que no hay trabajo de investigación, no hay resultados.

"Cómo están las cosas lo único que hace la Fiscalía es subir la ficha, abrir una carpeta de investigación, hacer un registro de atención y eso es lo único, pero no investigan, no los buscan, todo eso lo tenemos que hacer nosotras como familiares", afirmó en entrevista.

Refiere que las familias siempre nos estamos adelantando a los protocolos, la Ley General de Víctimas dice que cuando una persona desaparece es su obligación de la Fiscalía buscarlos al momento sin que la familia haga la denuncia y aunque la familia haga la denuncia la Fiscalía no los busca, y eso lo digo yo por experiencia.

"Nosotros salimos a tomar fotos a dónde desaparecen las personas, vamos a preguntar con las personas y hacemos las investigaciones sobre la ruta que tomaron, pedimos y exigimos rápido la geolocalización, lo primordial que debe hacer un familiar que busca a su ser querido. La Alerta Amber y el Protocolo Alba deben aplicarse en el momento que se presenta la denuncia pero no hemos visto ningún resultado".

Las personas que aparecen es porque su vida no ha estado en riesgo y la Fiscalía General del Estado "se para el cuello" diciendo que los encontraron por sus investigaciones pero eso es mentira, las personas que si desaparecen ellas hasta el momento no han sido localizadas porque la Fiscalía no los está buscando".

La señora Adriana Gómez, también fundadora de la colectiva Madres en Resistencia, sostiene que para que la Alerta Amber y el Protocolo Alba funcionen para buscar a los menores y malos adultos desaparecidos es que tengan voluntadde hacer su trabajo "y que saquen de la Fiscalía a la gente corrupta, muchas personas no saben ni conocen de ambas herramientas, nosotras hemos experimentado esa ineptitud y la Comisión Estatal de Búsqueda tampoco hace su trabajo, cuando salimos a campo lo que hacen es cuidar al Fiscal".

No hay una cifra exacta del número de personas desaparecidas, ni de casos de feminicidios porque muchos por miedo no denuncian, otros denuncian pero no le dan seguimiento y le dan carpetazo, lamentablemente va en aumento las cifras y llegará el momento en que esto va a estallar, de nada ha servido que el Congreso del Estado haya elevado a 65 años la pena para feminicidas si no se aplica.

La Comisión de Seguimiento para la Atención de los Feminicidios del Congreso del Estado no funciona, el Consejo Consultivo Ciudadano de la misma tampoco funciona y las madres víctimas no están ahí representados, no tenemos vozy voto para que se enderecen las carpetas de investigación, y lamentablemente no existe en el Poder Legislativo la Comisión de Búsqueda de Personas, y vamos a pedir que estemos ahí las víctimas, hasta ahora es un cero a la izquierda.

La abogada Adriana Guillén Hernández, integrante de la colectiva 50+1 dijo que persiste la indignación de la sociedad por la desaparición de personas y por los feminicidios pero no hay resultados en las investigaciones, el asesinato de la niña Liliana Guadalupe "N" ha sido algo especial porque ha tocado a la sociedad, ha hecho sentir a la sociedad la indignación y este dolor, es la cuarta menor asesinada brutalmente en Chiapas en este año y con ella suman 27 casos de feminicidios en este 2024.

Queremos que la Fiscalía General del Estado ofrezca una recompensa por todos los feminicidas, creemos que fue positivo que sacara una recompensa por el feminicida de Liliana Guadalupe porque los hace sentir acorralados, que no solamente la policía los está buscando, sino que la sociedad civil está participando, y la petición es que sigan estos hechos de ponerle precio a la cabeza de los feminicidas.

En este 2024 llevamos 27 casos de feminicidios, en el 2023 fueron 36 y en el 2022 un total de 39, lo importante es exigir ni una menos, no está habiendo ninguna estrategia de prevención de la violencia para que las once mujeres que van a ser asesinadas hoy en México no sean víctimas, los protocolos Alba y Alerta Amber son nacionales, deben funcionar pero fallan los humanos y debemos vigilar que los procesos se lleven bien.

A ello, el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, afirmó que en la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas falla la prevención, el Estado Mexicano no tiene estrategias para la prevención del delito, y otro escenario que vemos es que la gente ya no cree en Dios y no tiene conciencia, por lo tanto, no tiene temor en causar daño.

En Chiapas no hay prevención, afirmó, no hay medidas que prevengan el delito,Cuando se comete delito y se cumple sentencia, la llamada de atención es que no vuelva a cometer conductas inadecuadas porque la reincidencia le causaría problemas, lo que no hay en el estado es castigo a los futuros delincuentes, esto es prevenir el delito, no se puede castigar los pensamientos, las ideas.

Muchas personas después de planear cometer un delito lo andan contando lo que van a hacer, pero la Constitución no castiga el pensamiento sino los hechos, tampoco castiga las especulaciones, los rumores donde se supone que venden drogas, sabe más la población que la policía, no tienen los elementos legales las policías para prevenir los delitos, y al final lo que estamos viendo es una gran cadena de violencia en contra de las mujeres que se debe castigar, reiteró.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no da a conocer cuántas personas se encuentran desaparecidas, las edades, los municipios de origen, cuántos casos se encuentran vinculados a la Alerta Amber y al Protocolo Alba, mientras que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tampoco hace público la atención a las víctimas en Chiapas.

La abogada Blanca Nájera, expuso que las víctimas de feminicidio en Chiapas siguen sin encontrar justicia, la Comisión de Seguimiento para la Atención del Feminicidio del Congreso del Estado poco ayuda, mientras que la declaratoria de Alerta por violencia de Género en Chiapas desde el 2016 no ha frenado la violencia en contra de las mujeres.

Lamentablemente no coinciden las cifras entre las instituciones públicas con las que registra la sociedad civil que desde el 2016 a la fecha suman aproximadamente mil 600 muertes violentas y en este año van 27 casos de feminicidio en Chiapas, lamentablemente prevalece la impunidad y la exigencia es que haya resultados, queremos justicia para nuestros familiares víctimas de feminicidio, el problema de raíz es la carpeta de investigación no se integra con responsabilidad.

Son tres legislaturas locales en Chiapas en las que han habido Comisión de Seguimiento a los Casos de Feminicidiopero no hay resultados, la pasada legislatura, la LXVIII lo que más publicó fue haber aumentado la pena a 65 años de prisión por el delito de feminicidio pero no se hace justicia, prevalece la impunidad, no se ejerce acción penal en contra de los responsables.

Indica que muchos casos de feminicidio se clasifican como homicidio, suicidio, accidente de tránsito, y no se hace justicia, no hay una atención en su justa dimensión, exigimos justicia para todas, la falla está en el sistema de procuración y administración de justicia, lamentablemente la Comisión de Seguimiento para la Atención de Feminicidios del Congreso del Estado poco o nada ha aportado.

Otro tema complejo es la desaparición de personas, mientras las autoridades reportan unas mil, las colectivasdocumentan unos tres mil casos, lo que ocurre es la omisión gubernamental y eso es muy doloroso para las familias, puntualizó.

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La alerta Amber se debe aplicar para que niñas, niños y adolescentes regresen a sus hogares, sin embargo, la denuncia de colectivas es que no funciona, mientras que el protocolo Alba, herramienta de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas tampoco se aplica.

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La alerta Amber es una red estatal y nacional para localizar a niños y niñas desaparecidos, tras denuncia, se emite un boletín informativo para obtener ayuda de la sociedad para encontrar a los desaparecidos y detener a los responsables, se emiten cápsulas o formativas sobre la desaparición del menor y el objetivo es llamar de inmediato la atención de la sociedad y regresar salvo al niño, concluye su función con la localización.

El protocolo Alba es un mecanismo preventivo y reactivo, a partir de una denuncia, para realizar de inmediato la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, la libertad personal e integridad, la cédula de identidad del Protocolo es el documento oficial que contiene datos de la persona desaparecida, concluye su función con la localización de la persona.

Un tercer protocolo es Has Visto a: para alertar a la población a la búsqueda de personas hombres, que tras denuncia, se emite la ficha de búsqueda para su localización, y concluye esta herramienta al localizar al desaparecido.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Chiapas mil 348 casos, 345 son niñas, niños y adolescentes, los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Reforma reportan el 50 por ciento de las desapariciones de las infancias.

Las colonias de Tuxtla Gutiérrez más violentas para las mujeres consideradas como focos rojos y dónde se presenta el mayor índice delictivo confirmadas así por el sistema de denuncia anónima 911 son alrededor de 25, entre ellas el Centro, San José, Terán, Patria Nueva, Bienestar Social, Niño de Atocha, San Roque, San Francisco, Las Granjas, Francisco I. Madero.

La representante de la colectiva Madres en Resistencia, Isabel Torres, afirmó que la Alerta Amber y el Protocolo Albaque aplica la Fiscalía General del Estado no funcionan, son las familias de los desaparecidos y de las víctimas de feminicidio las que realizan las investigaciones, en muchos casos los padres han tenido que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en busca de justicia que en Chiapas se les ha negado.

Explicó que cuando la FGE publica la ficha de búsqueda de la Alerta Amber y el Protocolo Alba es porque ha hubo denuncia de la familia, y sirve para que la ciudadanía ayude a compartir la información de la desaparición de las personas que estamos buscando, pero el gran problema es que no hay trabajo de investigación, no hay resultados.

"Cómo están las cosas lo único que hace la Fiscalía es subir la ficha, abrir una carpeta de investigación, hacer un registro de atención y eso es lo único, pero no investigan, no los buscan, todo eso lo tenemos que hacer nosotras como familiares", afirmó en entrevista.

Refiere que las familias siempre nos estamos adelantando a los protocolos, la Ley General de Víctimas dice que cuando una persona desaparece es su obligación de la Fiscalía buscarlos al momento sin que la familia haga la denuncia y aunque la familia haga la denuncia la Fiscalía no los busca, y eso lo digo yo por experiencia.

"Nosotros salimos a tomar fotos a dónde desaparecen las personas, vamos a preguntar con las personas y hacemos las investigaciones sobre la ruta que tomaron, pedimos y exigimos rápido la geolocalización, lo primordial que debe hacer un familiar que busca a su ser querido. La Alerta Amber y el Protocolo Alba deben aplicarse en el momento que se presenta la denuncia pero no hemos visto ningún resultado".

Las personas que aparecen es porque su vida no ha estado en riesgo y la Fiscalía General del Estado "se para el cuello" diciendo que los encontraron por sus investigaciones pero eso es mentira, las personas que si desaparecen ellas hasta el momento no han sido localizadas porque la Fiscalía no los está buscando".

La señora Adriana Gómez, también fundadora de la colectiva Madres en Resistencia, sostiene que para que la Alerta Amber y el Protocolo Alba funcionen para buscar a los menores y malos adultos desaparecidos es que tengan voluntadde hacer su trabajo "y que saquen de la Fiscalía a la gente corrupta, muchas personas no saben ni conocen de ambas herramientas, nosotras hemos experimentado esa ineptitud y la Comisión Estatal de Búsqueda tampoco hace su trabajo, cuando salimos a campo lo que hacen es cuidar al Fiscal".

No hay una cifra exacta del número de personas desaparecidas, ni de casos de feminicidios porque muchos por miedo no denuncian, otros denuncian pero no le dan seguimiento y le dan carpetazo, lamentablemente va en aumento las cifras y llegará el momento en que esto va a estallar, de nada ha servido que el Congreso del Estado haya elevado a 65 años la pena para feminicidas si no se aplica.

La Comisión de Seguimiento para la Atención de los Feminicidios del Congreso del Estado no funciona, el Consejo Consultivo Ciudadano de la misma tampoco funciona y las madres víctimas no están ahí representados, no tenemos vozy voto para que se enderecen las carpetas de investigación, y lamentablemente no existe en el Poder Legislativo la Comisión de Búsqueda de Personas, y vamos a pedir que estemos ahí las víctimas, hasta ahora es un cero a la izquierda.

La abogada Adriana Guillén Hernández, integrante de la colectiva 50+1 dijo que persiste la indignación de la sociedad por la desaparición de personas y por los feminicidios pero no hay resultados en las investigaciones, el asesinato de la niña Liliana Guadalupe "N" ha sido algo especial porque ha tocado a la sociedad, ha hecho sentir a la sociedad la indignación y este dolor, es la cuarta menor asesinada brutalmente en Chiapas en este año y con ella suman 27 casos de feminicidios en este 2024.

Queremos que la Fiscalía General del Estado ofrezca una recompensa por todos los feminicidas, creemos que fue positivo que sacara una recompensa por el feminicida de Liliana Guadalupe porque los hace sentir acorralados, que no solamente la policía los está buscando, sino que la sociedad civil está participando, y la petición es que sigan estos hechos de ponerle precio a la cabeza de los feminicidas.

En este 2024 llevamos 27 casos de feminicidios, en el 2023 fueron 36 y en el 2022 un total de 39, lo importante es exigir ni una menos, no está habiendo ninguna estrategia de prevención de la violencia para que las once mujeres que van a ser asesinadas hoy en México no sean víctimas, los protocolos Alba y Alerta Amber son nacionales, deben funcionar pero fallan los humanos y debemos vigilar que los procesos se lleven bien.

A ello, el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, afirmó que en la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas falla la prevención, el Estado Mexicano no tiene estrategias para la prevención del delito, y otro escenario que vemos es que la gente ya no cree en Dios y no tiene conciencia, por lo tanto, no tiene temor en causar daño.

En Chiapas no hay prevención, afirmó, no hay medidas que prevengan el delito,Cuando se comete delito y se cumple sentencia, la llamada de atención es que no vuelva a cometer conductas inadecuadas porque la reincidencia le causaría problemas, lo que no hay en el estado es castigo a los futuros delincuentes, esto es prevenir el delito, no se puede castigar los pensamientos, las ideas.

Muchas personas después de planear cometer un delito lo andan contando lo que van a hacer, pero la Constitución no castiga el pensamiento sino los hechos, tampoco castiga las especulaciones, los rumores donde se supone que venden drogas, sabe más la población que la policía, no tienen los elementos legales las policías para prevenir los delitos, y al final lo que estamos viendo es una gran cadena de violencia en contra de las mujeres que se debe castigar, reiteró.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no da a conocer cuántas personas se encuentran desaparecidas, las edades, los municipios de origen, cuántos casos se encuentran vinculados a la Alerta Amber y al Protocolo Alba, mientras que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tampoco hace público la atención a las víctimas en Chiapas.

La abogada Blanca Nájera, expuso que las víctimas de feminicidio en Chiapas siguen sin encontrar justicia, la Comisión de Seguimiento para la Atención del Feminicidio del Congreso del Estado poco ayuda, mientras que la declaratoria de Alerta por violencia de Género en Chiapas desde el 2016 no ha frenado la violencia en contra de las mujeres.

Lamentablemente no coinciden las cifras entre las instituciones públicas con las que registra la sociedad civil que desde el 2016 a la fecha suman aproximadamente mil 600 muertes violentas y en este año van 27 casos de feminicidio en Chiapas, lamentablemente prevalece la impunidad y la exigencia es que haya resultados, queremos justicia para nuestros familiares víctimas de feminicidio, el problema de raíz es la carpeta de investigación no se integra con responsabilidad.

Son tres legislaturas locales en Chiapas en las que han habido Comisión de Seguimiento a los Casos de Feminicidiopero no hay resultados, la pasada legislatura, la LXVIII lo que más publicó fue haber aumentado la pena a 65 años de prisión por el delito de feminicidio pero no se hace justicia, prevalece la impunidad, no se ejerce acción penal en contra de los responsables.

Indica que muchos casos de feminicidio se clasifican como homicidio, suicidio, accidente de tránsito, y no se hace justicia, no hay una atención en su justa dimensión, exigimos justicia para todas, la falla está en el sistema de procuración y administración de justicia, lamentablemente la Comisión de Seguimiento para la Atención de Feminicidios del Congreso del Estado poco o nada ha aportado.

Otro tema complejo es la desaparición de personas, mientras las autoridades reportan unas mil, las colectivasdocumentan unos tres mil casos, lo que ocurre es la omisión gubernamental y eso es muy doloroso para las familias, puntualizó.

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