Tuxtla Gutiérrez.- Integrantes del Frente Magisterial de Chiapas (Fremach), que aglutina a maestros y maestras de las secciones 7 y 40, federalizados y estatales, marcharon este sábado en la capital chiapaneca y se manifestaron en la plaza central, para exigir una auditoría al dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Gómez Bámaca.
En un documento entregado a la prensa, el Fremach señala: “Exigimos auditorías federal y estatal al secretario general Sección 7 de la CNTE, Pedro Gómez Bámaca, y al exsecretario general, Adelfo Alejandro Gómez, por los más de mil 700 millones de pesos que les entregó el gobierno federal y estatal, maiceados al vender movimiento magisterial con paros laborales del 2013 a 2018”; lo anterior, aunado a los más de 300 millones de pesos que fueron entregados a dicha sección sindical para mobiliario escolar.
Asimismo, en la misiva dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; a la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa y al subdelegado de la SEP en Chiapas, Francisco Nandayapa López, exigen “que ya no se permitan falsos proyectos alternativos que tienen más de represión política sindical para controlar el magisterio y que se auditen los más de 100 millones de pesos que recibió la Sección 7 de la CNTE por este rubro, bajo minuta con el exgobernador Manuel Velasco Coello y ni un peso más a la coordinadora del erario público”.
Los docentes inconformes piden que cese la represión por parte de la antidemocrática y ultra radical Sección 7 de la CNTE que, en complicidad con autoridades de la Subsecretaría de Educación Federalizada estatal y sus áreas jurídicas, “en amasiato” con el exgobernador Manuel Velasco Coello, violaron con represión sindical y oficial los derechos laborales y humanos de docentes, intendentes, administrativos, directores, supervisores y jefes de sector, del periodo 2012-2018.
Entre sus peticiones también incluyen que se reinstale a maestros federalizados desplazados y cesados por la CNTE del 2016 a 2018 y se les reintegre sus salarios caídos; que se restablezcan a sus centros de trabajo a los cientos de trabajadores de la educación que fueron removidos con violencia y represión de la coordinadora de este 2013 a 2018 en los distintos niveles federalizados y estatales.
Asimismo, solicitan cancelar de manera definitiva el estado de excepción anticonstitucional dado a la CNTE e dentro de la falsa reforma educativa en el periodo 2013-2018, así como que se depositen los bonos y pensiones de los jubilados directo a sus tarjetas bancarias para que nunca más se les utilice como acarreados para cobrar el cheque en la Sección 7, y que se pague a todos los trabajadores de la educación interinos pues “no tienen la culpa de la corrupción y desvío del erario público estatal” durante la administración del gobernador Manuel Velasco.
Finalmente, piden que los niños y jóvenes estudiantes tengan educación de calidad sin interrupciones como señaló el 17 pasado de agosto de 2018, durante el foro de consulta realizado en la UNACH el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a fin que haya cero ausentismo en las escuelas y que a quienes suspendan labores se les aplique la ley y el Estado de derecho.