El gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar enfrentará a partir del 8 de diciembre una de las grandes prioridades, la solución al problema agrario y de límites entre Chiapas y Oaxaca, porque aunque la sentencia de noviembre del 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el mismo órgano jurisdiccional lo dejó sin efecto, ambos estados iniciaron proceso de cumplimiento y reformaron su Constitución, dijo el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís.
El abogado insiste en entrevista que el ahora gobernador electo Ramírez Aguilar tiene esa enorme responsabilidad debido a que en la sentencia, que si bien ha quedado sin duda efecto Chiapas perdía 160 mil hectáreas con Oaxaca, el caso no está resuelto, su decisión del 2021 generó impacto en las desiciones de los gobiernos de ambos estados.
El estado de Chiapas inició procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en abril del 2023 el Congreso del Estado reformó la Constitución Política del Estado de Chiapas para ordenar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, establecer acuerdos amistosos con su homólogo de Oaxaca para encontrar una solución al conflicto.
Chiapas avanzó al cumplimiento de la sentencia, en ese supuesto acuerdo armonioso llevó al gobierno del estado a entregar las tierras al vecino estado de Oaxaca, mientras que el vecino estado no tiene prisa porque se lleve a cambiar ese cambio, insistió el abogado de Tuxtla Gutiérrez que impugnó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la sentencia de la SCJN.
Tan es real el avance por parte de Chiapas en el cumplimiento de la secuencia que el Congreso del Estado nombró una comisión especial de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia de la SCJN que presidía el diputado de Tapachula por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Isidro Ovando Medina, insistió el abogado Servando Cruz Solís.
En este nuevo gobierno que iniciará en diciembre de este año ha tanque iniciar por Chiapas un procedimiento legal para la defensa de los derechos de Chiapas porque si bien ya no existe sentencia de la SCJN, el estado avanzó y los convenios celebrados entre los estados de en cumplirse, no deben dejarse de cumplirse, las partes pueden pedir una revocación de sus acuerdos por causa imprevista causada por la revocación de la sentencia del órgano jurisdiccional.
En noviembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del Tribunal Pleno, al continuar con el análisis de la controversia constitucional 121/2012, promovida por el estado de Oaxaca en contra del estado de Chiapas, estableció los límites que deben regir entre ambas entidades federativas.
La SCJN determinó que la línea limítrofe que debe regir entre ambas entidades partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noroeste hasta el cerro del Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de La Jineta y de ahí, con rumbo noreste, hasta el cerro de Los Martínez.
La SCJN se basó, fundamentalmente, en una prueba pericial en geografía y cartografía, la cual permitió discernir y obtener una conclusión respecto a los puntos limítrofes que rigieron desde 1549 a la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala y que integran la frontera entre los Estados de Oaxaca y Chiapas.
Por lo que se refiere al polígono del municipio de Belisario Domínguez, la SCJN advirtió que éste fue creado en el 2011 en un espacio geográfico que no corresponde al Estado de Chiapas, de conformidad con la línea limítrofe entre ambas entidades federativas, establecida por la propia SCJN.
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El Pleno determinó que los Congresos de ambos estados, dentro de los 30 meses contados a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia, deberán realizar las modificaciones pertinentes a sus Constituciones y leyes respectivas, a efecto de incorporar los puntos limítrofes de la frontera que han sido reconocidos en la sentencia. Además, ordenó al Estado de Chiapas realizar las adecuaciones en su Constitución y en el resto de su marco normativo, a fin de que modifique los límites del municipio de Belisario Domínguez, de manera que sean congruentes con la línea limítrofe fijada.
La Controversia constitucional 121/2012, promovida por el Estado de Oaxaca, demandado la fijación de la línea limítrofe que debe regir entre dicha entidad federativa y el Estado de Chiapas.
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