Enviar a la Guardia Nacional aumenta el riesgo de transgresiones

Enviar a la nueva Guardia Nacional para atender un problema migratorio, aumenta el riesgo de transgresiones a los derechos humanos y tratados internacionales en materia migratoria, firmados por el gobierno de México, según el director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Leonel Fernández Novelo.

Dijo que ese cuerpo de seguridad aún no está en condiciones de operar porque ante la premura, el gobierno federal no otorgó al personal la capacitación que llevará a la Guardia Nacional a ser una corporación “profesional enfocada a tareas policiales y no necesariamente militares”.

Ese aspecto –opinó–, no debe pasarse por alto porque hoy esa agrupación está conformada por integrantes de la extinta Policía Federal (PF) y de las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), quienes sólo cambiaron de uniforme.

“El problema de mandar a este grupo híbrido sin la formación y capacitación adecuada para resolver temas migratorios, que no son necesariamente de seguridad, genera un doble problema (…) Principalmente, en derechos humanos y sobre todo que se distrae una fuerza de seguridad que fue pensada para resolver los problemas en muchas otras zonas del país que están ‘incendiadas’. Son seis mil elementos que se distraen para una labor que no les toca hacer”, afirmó.

Local

Pide CCE a Ebrard mudarse a Chiapas

El directivo del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) consideró que, si bien en México la migración está asociada a ilícitos como privación ilegal de la libertad y trata de personas con fines de explotación laboral y/o sexual, “no podemos atacar este problema sólo por la vía militar-policial”.

Sólo el tiempo dirá si fue acertado o no asignar a la Guardia Nacional a un asunto migratorio. Sin embargo, es claro que la forma de abordar ese tema y la participación de ese cuerpo de seguridad “no se ha establecido en base (sic) a diagnósticos adecuados”, puntualizó.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en el primer cuatrimestre del año, en Chiapas fueron presentadas 57 denuncias por faltas a la Ley de Migración, lo que hizo que ocupara el segundo lugar, por debajo de Puebla que acumuló 60.