Por tercer día consecutivo, en el inicio del ciclo escolar 2023-2024, la adolescente Daniela Michael Franco Rodríguez se encuentra en una situación preocupante, sin poder acceder a la Escuela Preparatoria Número 1 del Estado en Tuxtla Gutiérrez. A pesar de su deseo de continuar su educación, su ingreso se ve obstaculizado debido a la cuota de inscripción que su padre, Juan Francisco Franco González, no ha podido cubrir. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha sido informada de la situación, pero el director del plantel, Carlos de Jesús Trujillo Quintero, se mantiene firme en la posición de no permitir su ingreso sin el pago de la cuota de 2,500 pesos impuesta.
La adolescente tiene la intención de inscribirse en el primer semestre, tras haber obtenido un promedio de 9.1 en la Escuela Telesecundaria 021, ubicada en la colonia Patria Nueva. Aunque algunos maestros, padres de familia y compañeros han demostrado solidaridad hacia su causa, el director de la preparatoria se mantiene intransigente.
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El padre de Daniela Franco fue citado a una reunión en el Palacio de Gobierno el pasado martes, pero hasta el momento no se han ofrecido soluciones concretas. La manifestación que había llevado a cabo en frente de la escuela en la colonia Las Palmas fue suspendida debido a presiones administrativas por parte del personal de la institución.
La indignación del padre de familia radica en el aumento significativo de la cuota de "recuperación voluntaria" para este ciclo escolar, pasando de 750 pesos en el ciclo anterior a 2,500 pesos en el actual. El director de la escuela, Carlos de Jesús Trujillo Quintero, advirtió a los padres que nadie quedará exento del pago y que aquellos que no cumplan con la cuota no podrán inscribir a sus hijos. No se ha proporcionado claridad sobre el destino de estos recursos públicos.
Los medios de comunicación intentaron obtener una respuesta del director de la escuela, pero se les negó el acceso a su oficina, alegando que estaba ocupado. La situación ha generado una preocupación mayor ya que se está vulnerando el derecho a la educación de una adolescente, violando el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de brindar educación gratuita.
Francisco Javier Ovando, de la subsecretaría de Gobierno, ofreció su intervención en el caso y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha retomado el caso. Aunque se espera que la situación se resuelva, el tiempo sigue pasando y Daniela Franco aún no ha podido comenzar sus clases.
