En un repudio unánime, colectivos de mujeres en Chiapas expresan su desaprobación ante la designación del Senador Noé Castañón Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano, como vicepresidente de la legislatura actual en el Senado de la República. Este rechazo se basa en las acusaciones y sentencia judicial que lo señalan como responsable de agresiones continuas contra su ex esposa.
A solo días de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, la decisión del Senado de incluir a Castañón en la Mesa Directiva ha generado indignación entre los colectivos feministas de Chiapas. Enfatizan que el senador, valiéndose de su posición de poder, ha perpetuado actos de violencia de género contra su ex esposa en un patrón reiterado.
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La sentencia del Amparo Directo 434/2021, dictaminada por la Magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, detalla las violaciones sistemáticas a los derechos de Mayte López García y sus hijos a manos de Noé Castañón durante siete años. La Magistrada también cuestionó las prácticas ilegales de las autoridades en el proceso familiar y ordenó rectificar estas acciones indebidas, permitiendo la convivencia de los menores con su madre, entre otras resoluciones.
A pesar de la sentencia, el Senador ha ignorado las disposiciones de la magistrada y ha iniciado una estrategia jurídica para eludir el cumplimiento, presentando recursos de revisión y amparos. Se señala que, de manera mañosa, logró que un juez no diera cumplimiento a la resolución, alegando un "proceso de digitalización".
Las autoridades locales, según denuncian las colectivas, han sido cómplices de la omisión al no hacer cumplir la resolución y no permitir la convivencia entre madre e hijos. Destacan que Mayte López García, debido a restricciones penales excesivas, lleva siete años sin poder acercarse a sus hijos, siendo esta una de las restricciones más prolongadas en la historia legal, ya que por ley deberían ser 90 días.
Las colectivas sostienen que ningún cargo público o de representación popular debe obstaculizar la justicia y que aquellos que intenten entorpecerla deben ser denunciados. Lamentan que el Senado y el partido político de Castañón hayan pasado por alto estas acusaciones y la situación de violencia de género que ejerce el ahora vicepresidente del Senado.