Honduras de la Sierra.- Los comisariados de los ejidos Cerro Perrote, Ángel Díaz y Santo Domingo la Cascada, pertenecientes al municipio de Honduras de la Sierra, han solicitado la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar la compleja situación que enfrentan debido a la remunicipalización que los excluyó del municipio de Siltepec sin consultar a las comunidades afectadas.
En un comunicado redactado en hojas de cuaderno, los comisariados expresan que sus sellos como autoridades rurales ejidales continúan indicando que estas tres localidades siguen perteneciendo a Siltepec, a pesar de que el Congreso del Estado de Chiapas las eliminó de la cartografía para crear un nuevo municipio llamado Honduras de la Sierra.
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Los líderes comunitarios explican al presidente López Obrador que el 25 de abril de 2018, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó, de manera unilateral, la separación de Siltepec y la creación de Honduras de la Sierra. El decreto correspondiente se publicó el 2 de mayo de 2018 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. A pesar de que el ayuntamiento de Siltepec impugnó el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 3 de julio de 2019, el máximo órgano jurisdiccional validó la determinación del poder legislativo de Chiapas.
"Señor presidente, el Congreso del Estado de Chiapas llevó a cabo la creación del municipio Honduras de la Sierra sin previa consulta y con documentación falsa, desencadenando una confrontación continua entre los chiapanecos y cinco años de agresiones y amenazas hacia quienes defendemos nuestro derecho a la petición, asociación y libre determinación", señala el comunicado.
Durante estos cinco años, las comunidades han experimentado afectaciones en la paz pública, la gobernabilidad y la realización de obras, incluyendo la falta de coordinación institucional para combatir los graves incendios que han asolado la región chiapaneca. Además, se ha negado la paz pública y la gobernabilidad, y se ha ejercido violencia contra los habitantes y sus familias debido a los intereses de un grupo político que actúa dentro de las instituciones estatales.
El comunicado también destaca que, además de la violencia institucional, las comunidades enfrentan la amenaza de grupos delictivos que contribuyen a una situación extremadamente peligrosa para sus familias.
Los comisariados concluyen su comunicado solicitando la intervención inmediata del presidente López Obrador y de las autoridades federales para detener la confrontación entre los chiapanecos y restablecer las garantías y derechos constitucionales en la Sierra de Chiapas. También piden una audiencia con el presidente para exponer su situación de manera directa y urgente.
Esta solicitud subraya la urgencia de abordar un conflicto complejo que afecta la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades en Chiapas y busca una solución pacífica y justa a la disputa municipal.