Como cada año, desde el 2013, cuando se implementaron formalmente las reformas estructurales impulsadas por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la sección 7 y 40 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), iniciaron actividades de protesta desde el primer mes del 2018.
Hace 12 meses, la CNTE arrancó sus diligencias con una marcha, en la cual, además de exigir la abrogación de la Reforma Educativa y justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sumaron la inconformidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que, el gobierno “peñista” impuso frenar todo tipo de protestas masivas.
Para febrero, la parte institucional del SNTE, llevó a cabo su IIV Congreso Nacional Extraordinario, donde cerca de tres mil 734 delegados pertenecientes a las diferentes secciones sindicales del país eligieron de nueva cuenta a Juan Díaz de la Torre como presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
La disidencia magisterial, representada por la Coordinadora, se negó a acudir a dicho encuentro, al argumentar que eso serviría solamente, “para congraciarse con el Estado Mexicano y asumir los mandatos de la oligarquía financiera Nacional y extranjera”.
Al llegar el mes de marzo, docentes, disidentes de Chiapas y otras entidades, tomaron la plaza cívica Lerdo, frente al Palacio de Gobierno en Xalapa Veracruz, a la cual denominaron como el arranque de una Huelga Nacional.
A diferencia de otros estados, el gobierno veracruzano, encabezado por Miguel Angel Yunes Linares, ordenó la detención del magisterio, específicamente de un camión en el que viajaban miembros de la sección 7 de Chiapas, entre ellos el secretario general, Pedro Gómez Bahamca.
Yunes Linares señaló –en esa ocasión- haber dado instrucciones de detener a los profesores que participaron en esta protesta: tendrán que pagar, como cualquier otra persona, la pena que establece la Ley a quienes bloquean vías de comunicación.
Por la noche, la dirección política de la CNTE condenó la aprehensión de sus compañeros de la sección 7 y del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz, y anunció que se convocó a los contingentes de la disidencia magisterial de todo el país a movilizarse de forma sincronizada al siguiente día en las capitales de sus estados. En Ciudad de México se llamó a participar en un mitin frente a la oficina en representación de Veracruz.
Un mes después, justamente el 10 de abril, la Coordinadora ejecutó un plantón de 48 horas en las entidades: Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero en contra de la Reforma Educativa, para exigir al gobierno federal el cumplimiento del pliego de demandas y la reinstalación de la mesa de negociación con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública (SEP).
En esa ocasión, los cuatro estados reportaron un caos debido a que los profesores bloquearon puntos neurálgicos y plazas cívicas.
Pese a todos los movimientos que habían hecho hasta esa fecha, la CNTE mencionó la indiferencia del gobierno federal, por lo que el 15 de mayo pasado, marcharon en diferentes entidades para anunciar una huelga nacional que se ejecutaría a partir de 11 de junio.
“Tal y como lo hemos afirmado, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, cada día está en mejores condiciones para enfrentar la próxima batalla por la abrogación de la mal llamada reforma educativa”, señalaron durante la marcha multitudinaria en el estado.
Sin embargo, el inicio de la “Huelga Nacional” se adelantó seis días, ya que las labores iniciaron el 4 de junio y no el 11 como lo tenían previsto, e iniciaron un paro indefinido nacional para forzar al gobierno federal a instalar una mesa única de diálogo a fin de resolver sus demandas, entre ellas la derogación de la Reforma Educativa.
Comisiones del magisterio chiapaneco, michoacano, oaxaqueño y guerrerense acudieron a la Ciudad de México, para ejercer presión al gobierno de Peña Nieto.
Al menos en Chiapas, los inconformes lograron que el gobierno de Manuel Velasco Coello firmara una minuta de acuerdos, donde se comprometió a entregar recursos y gestionar plazas a maestros de las secciones 7 y 40 de la CNTE.
Dicho acuerdo fue negado por la SEP en julio, quién aseguró que si las autoridades de alguna entidad ejecutara, por motivaciones políticas, actos que contravengan el Artículo Tercero de la Constitución o las leyes generales sobre educación, procedería a interponer todos los medios de defensa que sean necesarios ante los tribunales federales y órganos de fiscalización, así como de procuración de justicia competentes para preservar el Estado de derecho en la materia.
Para agosto, Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los pedagogos a lo que sería el primer Foto de Consulta Estatal Participativa en materia de educación; evento en el que participaron miembros del SNTE y también de la disidencia magisterial de la CNTE, que se llevó a cabo en septiembre.
En esa ocasión, quien sería el próximo mandatario del país, aseguró que a partir del 1 de diciembre enviaría un proyecto de iniciativa de Ley para reformar de nueva cuenta los artículos relacionados con formación de la nación; la propuesta fue aplaudida por todo el magisterio, incluso los de la Coordinadora confiaron en la promesa.
En esas mismas fechas, los catedráticos se pronunciaron para exigir al gobierno del estado y al federal la ejecución de recursos para la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto de septiembre de 2017.
Asimismo, a finales de octubre, la dirigencia de la sección 7, anunció movilizaciones para noviembre, donde se reforzarían los reclamos: la restauración de instituciones educativas, así como el pago a los sectores con los que el gobierno de Velasco Coello mantenía deudas, tales como el sector salud, maestros interinos y otros referentes como los colegios de Bachilleres de Chiapas, Nacional de Educación Profesional Técnica, y Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.
Posteriormente, el bloque democrático reconoció que depositarían su confianza en la administración entrante a cargo de López Obrador, pero que darían seis meses de tolerancia para ver resultados de las propuestas hechas en materia educativa.
Hasta hoy, los maestros han cumplido con esa espera, la cual inició el 1 de diciembre, fecha en que México cambió de Presidente.
