Tuxtla Gutiérrez.- La situación política y social suscitada en el municipio indígena de Oxchuc, a partir de las elecciones del 19 de julio del 2015, es muy dolorosísima, existen demandas pendientes de acceso a la justicia, de atención a la salud y mejores condiciones de vida, sostuvo la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), María Eréndira Cruzvillegaz Fuentes.
Expuso que el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, celebra el que después de una situación sumamente delicada, donde hubo 65 víctimas directas y todo un pueblo en una situación de dolor, casas quemadas, procedimientos muy complicados en términos de un tejido social roto, se hayan puesto de acuerdo para la elección del 13 de abril de sus nuevas autoridades.
Durante nuestra estancia en ese municipio lo que se observó en todo momento fue dolor, agradecemos a las mujeres de Oxchuc que abrieron su corazón para comentarnos todo este dolor social que tenían más de 20 años en un dolor profundo, explicó.
Cruzvillegaz Fuentes reveló que un grupo de especialistas del organismo nacional, en el que ha participado, le ha tocado acompañar a las diferentes comunidades indígenas de Oxchuc en su lucha por la restauración de la paz y la estabilidad social.
Celebramos que las 120 comunidades hayan determinado realizar su elección por sus sistemas normativos internos, para lo cual 40 personas, hombres y mujeres, que encabezarán el proceso, representantes debidamente acreditados con voz y voto para el desarrollo de la asamblea general, la observancia de la mesa de debates y la comisión de resolución de conflictos, dijo.
La especialista calificó como inédito el proceso electoral en ese municipio, y les dijo a los indígenas que caminar juntos no será posible romper esa armonía, aunque será con las autoridades como se tendrán que fortalecer el proceso de paz en el municipio, hubo mucha desconfianza, miedo y temor.
Informó que la CNDH emitió la recomendación 66/2018, donde puntualmente se señaló algunos puntos que demandan la atención puntual del gobierno del estado, como el acceso al agua potable, nuestras razones de ser pobres tienen una situación más compleja por ser indígena, hay afectaciones a la salud de la infancia.
Estimó que la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá fortalecer los procesos de mediación y de participación ciudadana, sobre todo, en los temas pendientes de justicia, mientras que el Congreso del Estado tendrá que armonizar las legislaciones en materia indígena a los estándares internacionales.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, señaló como un buen precedente que puede sentar Chiapas, con una legislación para favorecer los mecanismos de participación sobre los sistemas normativos internos.
También hay juicios pendientes y procesos adecuados y sería de gran relevancia la coadyuvancia del Poder Judicial del Estado, para que se garantice el acceso a la justicia, como garantizar con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Fiscalía Electoral del Estado, mecanismos de participación ciudadana, puntualizó.