El aumento en el cobro del peaje en la autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas es un duro golpe a la economía, y lo es más para los pueblos y comunidades indígenas, el incremento del 19 por ciento en un total de 12 pesos al pasar de 63 a 75 pesos es injustificado, que aunado a la crisis económica que mantiene al estado la pandemia del Covid-19, no se justifican exponen las diputadas locales indígenas Cecilia López Sánchez y Leticia Méndez Intzín.
La diputada local del partido Mover a Chiapas, Cecilia López Sánchez, sostiene que el daño es enorme porque es la vía que se utiliza para la actividad comercial en la entidad, para el transporte de productos agroalimentarios y para la actividad turística, hoy se encuentra en reparación y genera un tráfico muy lento.
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Pidió a Caminos y Puentes federales (CAPUFE) como encargada de autorizar los incrementos de las tarifas al sistema de carreteras de cuotas para que reconsidere el incremento en la autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas, e intervenga ante la empresa española Aldesa, concesionaria de autopistas del sureste, para que tome en consideración la queja de los chiapanecos por los efectos negativos del aumento que se considera como un abuso.
Exhorta a las autoridades federales y estatales para que se favorezca a la desgastada economía de Chiapas y se busque una salida a este aumento impuesto e injustificado que ya repercute en el consumo de la población en conjunto, el camino está en proceso de mantenimiento y ampliación ya tiene aumentos en el peaje, las condiciones no son favorables para que se fundamente el cobro elevado.
Por su parte, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Leticia Méndez Intzín, agregó que es de suma urgencia proteger las finanzas y la economía familiar, sobre todo, en este momento en el que enfrentamos las dificultades por la pandemia del Covid-19, la cuesta de enero y debemos ser solidarios, desde el Congreso del Estado tenemos que alzar la voz, además, estamos viviendo la inflación más alta en 20 años, y es lamentable que iniciemos el 2022 con el aumento en las casetas en Arriaga, Ocozocoautla, Jiquipilas y San Cristóbal de Las Casas.
La exigencia es que los concesionarios y a las federales y estatales en materia de transporte y movilidad que se brinde un informe técnico y financiero sobre la decisión que se está tomando, que se expliquen los requerimientos y pormenores en la operación de estos servicios y que se brinde cuentas claras sobre la calidad de las carreteras que también ha sido cuestionada por los usuarios, no más arbitrariedad, el Congreso del Estado no debe permanecer ajeno a esta decisión, puntualizó.