El director de Educación Básica, José Francisco Leyva Vázquez, reconoció la existencia de deudas en el sector educativo. “Cuando se realiza un movimiento nominal o se brinda un servicio, se sigue un proceso administrativo. Lógicamente, estamos arrastrando estos procesos gradualmente. El compromiso es que al término del actual gobierno del estado quede la mayor cantidad de deudas saldadas”, afirmó.
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Leyva Vázquez explicó que todos los trabajadores de la educación deben justificar sus horas frente a grupo, lo que retrasa el pago inmediato. “Estamos condicionados tanto por la Dirección de Personal como por la Secretaría de Hacienda, ya que es necesario comprobar los gastos, a quién se pagan y por qué”, añadió en entrevista.
Señaló que las protestas en el sector educativo no son solo de índole política, sino también económica y académica. Además, destacó que existe un desfase en la distribución de maestros, ya que hay excedentes en algunos lugares y escasez en otros, lo que genera un conflicto por los derechos laborales. “No es tan sencillo enviar a un trabajador a una zona que ya ha sido considerada como necesitada del servicio, y esa problemática contribuye a la acumulación de deudas”, explicó.
A esta situación se suma la problemática de inseguridad, la cual impide que algunos maestros puedan acudir a sus centros de trabajo. “Los maestros quieren ir a trabajar, pero a veces no pueden pasar, y piden protección. Esto genera una problemática social que escapa del control de la Secretaría de Educación. En esos casos, los docentes trabajan en línea. Cuando es posible, se presentan en la Supervisión Escolar y se reanudan las clases; cuando el bloqueo se prolonga, continúan en línea, resguardando la integridad de los niños, padres y maestros”.
Leyva Vázquez no especificó el número de maestros que están trabajando en línea durante este ciclo escolar 2024-2025, ni los municipios afectados. Sin embargo, aclaró que los bloqueos en distintos puntos de Chiapas no son permanentes. “A veces tenemos problemas en Berriozábal, a veces en Villaflores, pero el trabajo en línea no es permanente”, señaló.
En municipios como Pantelhó, La Concordia, Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Amatenango de la Frontera y otros, reconoció que "existe un problema grave de inseguridad, pero la mayoría de las escuelas están funcionando. Solo aquellas de difícil acceso no lo están. Los maestros buscan otras estrategias de enseñanza, ya que esas comunidades no tienen acceso a internet". El número de escuelas en esta situación varía según el movimiento social en cada momento. “No hay niños sin clases de manera permanente”, afirmó.
En cuanto a la comunidad de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, donde hay familias desplazadas y niños en edad escolar afectados por el desplazamiento interno forzado, Leyva Vázquez explicó que estos niños son atendidos en escuelas y sedes alternas, ya sea por el Consejo Nacional de Fomento Educativo o en las escuelas del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. “Los maestros desplazados atienden a los niños desplazados, y para aquellos que ya no quieren asistir a la escuela, se busca convencerlos a través de sus padres”, concluyó.
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