Eduardo Ramírez Aguilar recibirá el próximo 8 de diciembre, cuando asuma como nuevo gobernador del estado, un Chiapas caótico, con un aumento en las cifras de homicidios, feminicidios, disputa de territorios de grupos armados, casi 2 mil personas desaparecidas, conflictos políticos, agrarios y religiosos, además de una deuda pública de más de 12 mil mdp.
La violencia incrementó en Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo, Villaflores, El Parral, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Berriozábal, Copainalá, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Oxchuc, Palenque, Tila, Chiapa de Corzo, entre otros, por la disputa del territorio entre grupos criminales.
Desde el municipio Amatenango de la Frontera han migrado a Guatemala familias para protegerse de la violencia en la Sierra Madre de Chiapas, han sido albergadas personas en Cuilco del Departamento de Huehuetenango; además el número de fallecidos es por la violencia es indeterminado y aumenta cada día, hecho del que dan cuenta diversas organizaciones de la sociedad civil.
En la zona Sierra los conflictos entre grupos delictivos que se disputan el territorio por el paso de droga y migrantes ha dejado una estela de violencia con quema de viviendas, bloqueos carreteros, zonas inaccesibles y quema de vehículos, lo que mantiene en zozobra a la población quien vive en temor y ha dejado de transitar carreteras saliendo de sus viviendas solo para los menesteres necesarios e incluso en un momento hubo cierre de tiendas comerciales, bancos y saqueos.
AUMENTO DE LA EXTORSIÓN
Entre los delitos que han presentado aumentos significativos en Chiapas está la extorsión. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no revela cifras precisas, este delito prevalece y ha afectado a diversas poblaciones, incluidas personas de la tercera edad. Datos recientes revelan una preocupante tendencia: el 51% de las víctimas de extorsión en adultos mayores son mujeres. De estas, el 60% tiene entre 61 y 70 años, el 32% entre 71 y 80 años, y el 8% más de 80 años.
En la zona Costa y otros puntos, el llamado cobro de piso ha afectado a comerciantes y transportistas, siendo estos últimos uno de los sectores más golpeados, con choferes asesinados, unidades quemadas e incluso la detención de un grupo ligado a las Maras. Aunque por un tiempo cesaron los cobros, actualmente persisten, llevando a comerciantes a cerrar negocios al no poder pagar lo exigido. Esta situación también se replica en otros puntos del estado.
De 2018 a 2024, durante el gobierno de Escandón Cadenas, los homicidios dolosos aumentaron un 20%, ubicando a Chiapas en el lugar diez con mayor incremento, según la directora del Observatorio Ciudadano, Carmen Villa. Este crecimiento está relacionado con el aumento en el uso de armas de fuego, dado que Chiapas tiene una ubicación estratégica en la frontera sur para el tráfico de armas.
Además, los feminicidios aumentaron un 11%. En 2024, se registraron 20 carpetas de investigación de enero a septiembre, comparadas con 18 carpetas en 2018. Delitos como violencia familiar, lesiones dolosas y acoso sexual también siguen en ascenso, afectando principalmente a mujeres e infancias.
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD SON COMPLICADAS: GUILLÉN
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, afirma que el próximo gobierno enfrenta múltiples retos, sobre todo en seguridad.
"Chiapas es un estado muy complejo en temas de gobernabilidad y rezagos culturales. Hay un proyecto ambicioso para educar, combatir el analfabetismo y alcanzar muchas metas; creo que hay compromiso de la gente", indicó.
Reconoció que hay municipios considerados como “focos rojos" por la inseguridad y que sin duda serán prioridad para Eduardo Ramírez. Y a su juicio considera que por ahí tiene que empezar la estrategia de seguridad, pero tiene que ser integral, atender las causas con inteligencia, pues si bien está focalizado, hay que atender en todo el estado no solo donde está más fuerte.
Uno de los casos más recientes y que deriva de un conflicto social es el asesinato en San Cristóbal de las Casas del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, ultimado hecho ocurrido el 20 de octubre del presente año, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta lo emboscaron al salir del templo, cuando conducía su auto después de oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali, situación que fue vinculada al activismo del prelado que causaba incomodidad a grupos de poder y bandas criminales que operan en la región Altos de Chiapas.
FEMINICIDIOS, DECLARATORIAS Y DESAPARECIDOS EN CHIAPAS
Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación Karla Velasco Familias Víctimas de Feminicidios, destacó que uno de los grandes retos será la atención a la inseguridad que afecta a las mujeres, así como el esclarecimiento de los feminicidios. Del 2016 al 2024, se registraron aproximadamente 1,500 muertes violentas de mujeres. Solo en noviembre de este año ocurrieron 8 casos. Velasco señaló que, aunque el Congreso elevó a 65 años la sentencia máxima para feminicidas, no ha habido sentencias ejemplares, lo que refleja ineficiencia en la procuración de justicia.
Maricruz Velasco menciona, que la reparación de daños no ha ocurrido en Chiapas porque el pretexto es que la familia deje de meter recursos, que el caso se quede inactivo para que se analice esa posibilidad, hay una revictimización, omisión en la procuración y administración de justicia, no hay un solo caso en el que se haya reparado el daño.
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Del 2016, cuando la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas a la fecha, las colectivas documentan aproximadamente mil 500 muertes violentas, y las personas desaparecidas en el 2024 son mil 192, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, contra mil 242 en el año 2023 y 839 casos en el 2022, en total suman 3 mil 274.
DESAPARECIDOS Y LA NO RESOLUCIÓN
Desde el 26 de julio del 2021 están desaparecidas 19 personas en Pantelhó: Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancino, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Delmar Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y María o Sántiz Hernández.
Concepción Ramos, familiar de dos de los desaparecidos en Pantelhó, informa que no tienen resultados de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), las audiencias se han pospuesto y no hay noticias de sus seres queridos. Esperan que el gobierno que inicia el 8 de diciembre pueda generarse esperanzas y puedan saber qué pasó con los suyos.
La desaparición de personas en Pantelhó tiene su origen en la disputa del control territorial. Los familiares de los desaparecidos, unas 300 personas, viven refugiadas en San Cristóbal de Las Casas y desde julio del 2021 nunca más volvieron a sus hogares. En tanto, el Concejo Municipal designado por el Congreso del Estado el 30 de septiembre de 2024 es rechazado. Un amplio sector de la población pide su destitución de sus integrantes: Juan Gómez Sántiz, Martha Odilia Trejo Hernández, Alberto González Sántiz, Rebeca Cortés Hernández y Clementin Rubén Herrera Gutiérrez.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, reporta que habitantes de Pantelhó presentaron un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) en contra del decreto del 30 de septiembre del Poder Legislativo, por el que designó al Concejo Municipal de ese municipio de la región Altos de Chiapas.
En el municipio de Chenalhó prevalece el diferendo agrario con Aldama y Chalchihuitán. En Chenalhó prevalecen desplazadas unas 500 personas del ejido Puebla, expulsados en mayo del 2016. La representante de las víctimas, Aracely Cruz López, cuenta que viven en un campamento en San Cristóbal de las Casas, a la espera de que el gobierno de Chiapas, a partir del 8 de diciembre de 2024, pueda generar una solución.
La abogada Alma Rosa Cariño Pozo sostiene que “hablar de violencia es grave, es triste, angustiante e impotente. Cada que una mujer es agredida en todos los aspectos, física, sexual, emocionalmente, económicamente, pero la violencia feminicida es algo que no se puede perdonar, es la violencia máxima que puede sufrir una mujer”.
Dijo que el deseo es que las mujeres puedan caminar libres por las calles, a la hora que sea, y ser respetadas. Desde 2016 a la fecha, ha aumentado la violencia y las cifras reales las tiene la Secretaría General de Gobierno, pero desde el punto de vista de las colectivas, "la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género no ha avanzado y la violencia sigue creciendo”, indicó.
Destaca que “la medición de esa alerta no la conocemos, no sabemos en qué se basa ni qué es lo que se está haciendo para que podamos decir que se está avanzando. Cada vez que existe algún tipo de violencia, nos pega a todas, como son las amenazas, o como es el tipo de violencia máxima, como es el feminicidio”.
MALA ECONOMÍA EN LAS EMPRESAS
El empresario restaurantero Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y tesorero del comité nacional de la CANIRAC, dice que “este 2024, el último del sexenio, no fue un buen año para el sector por la violencia que ha generado cierre de empresas y pérdida de empleos. Es lamentable la situación económica que cierra el año y el sexenio con un decremento, la ciudad que se ha afectado en turismo por la inseguridad es San Cristóbal de las Casas, mientras que las playas están también colapsadas”, indicó.
Destacó que la única esperanza para el sector empresarial es la llegada del próximo gobierno. “Hemos platicado con el doctor Eduardo Ramírez Aguilar y parte de su equipo de trabajo. Hay expectativas buenas, tiene muy bien definido lo que tiene Chiapas, lo que quiere el estado, y eso nos da certidumbre, pero tiene que ser a partir del trabajo en equipo”, añadió.
El empresario sostiene que hay que participar en equipo entre el sector público y privado para sacar adelante a Chiapas en materia de seguridad. Destacando que, “el sector genera unos 300 mil empleos, pero hemos perdido. Las empresas necesitan liquidez. Lamentablemente, este tipo de empresas no tienen acceso a créditos y lo esperamos de la Secretaría de Economía y del Trabajo”.
LA MIGRACIÓN Y DEUDA PÚBLICA
Otro gran problema con que Eduardo Ramírez Aguilar se topará, es el fenómeno migratorio que se ha ido agudizando, en el que Tuxtla Gutiérrez ha sido considerado por migrantes como una de sus rutas y miles deambulan por las calles de la ciudad pidiendo ayuda económica, duermen en la vía pública, van de paso, se enfrentan a las lluvias, al calor y al rechazo de la gente.
A todos estos problemas de Chiapas se les suma la deuda pública de la que la Secretaría de Hacienda da cuenta que al 30 de junio del 2024, refleja la cantidad de 12 mil 505 millones 846 mil 826 pesos, compuesta por 9 mil 316 millones 512 mil 735 pesos provenientes de la Banca de Desarrollo y 3 mil 189 millones 334 mil 091 pesos concernientes a la banca comercial.
Las erogaciones por pago de capital de la deuda directa a junio acumularon la cantidad de 182 millones 802 mil 582 pesos, y por concepto de intereses la cantidad de 721 millones 205 mil 926 pesos.
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