El gobierno actual, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, que concluirá funciones el 7 de diciembre de este año, heredará una deuda de 196 millones 111 mil 234 pesos con 37 centavos al próximo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, quien asumirá el cargo el 8 de diciembre. Esta deuda está relacionada con la quiebra del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, conocido como Conejobús, según informó la representante común de los socios, María Alejandra Chagoya Labra.
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En una entrevista telefónica, Chagoya Labra expuso que, tras el escenario vivido desde enero de 2020 con la suspensión del servicio del Conejobús hasta la fecha, confían en que el nuevo gobierno pueda construir acuerdos para encontrar soluciones al adeudo, que ha afectado a la sociedad formada por transportistas propietarios de 139 placas del transporte público.
La representante mencionó que, en 2020, con un índice inflacionario del 3.82 por ciento publicado por el Banco de México, el pago mensual por placa era de 22 mil 300 pesos con 70 centavos. Con 139 placas, el importe anual de la deuda ese año ascendía a 37 millones 197 mil 567 pesos con 60 centavos.
En 2021, con un índice inflacionario del 3.15 por ciento, el pago mensual por cada una de las 139 placas se incrementó a 23 mil 003 pesos con 17 centavos, lo que resultó en un monto anual de 38 millones 369 mil 287 pesos con 60 centavos. Para 2022, con un índice inflacionario del 7.36 por ciento, el pago mensual por placa fue de 24 mil 696 pesos con 21 centavos, sumando un importe total anual de 41 millones 193 mil 278 pesos con 30 centavos.
Chagoya Labra explicó que, en 2023, con un índice inflacionario del 7.82 por ciento, el pago mensual por placa se elevó a 26 mil 627 pesos con 45 centavos, alcanzando un monto anual de 44 millones 414 mil 586 pesos con 60 centavos. Para 2024, el último año del actual sexenio, con un índice inflacionario anual de 4.88 por ciento, el pago mensual es de 27 mil 926 pesos con 87 centavos, y el importe anual asciende a 34 millones 936 mil 514 pesos con 37 centavos.
La sociedad se constituyó en 2009 con base en la Ley de Sociedades Mercantiles, con el 51 por ciento de las acciones en manos del gobierno del estado, en ese entonces encabezado por Juan José Sabines Guerrero, y el 49 por ciento de las acciones pertenecientes a los concesionarios que operan las 139 placas de las rutas 1 y 2 del transporte público en la modalidad de colectivos, en la Avenida Central y Calle Central, respectivamente.
A 57 meses de la suspensión del pago por la renta de las placas, los socios no han cobrado los ingresos que les corresponden, y el monto de la deuda seguirá aumentando. Además, los concesionarios no han logrado recuperar sus pertenencias ni el derecho a volver a trabajar en las rutas 1 y 2 de la Avenida Central y Calle Central, a pesar de contar con los permisos de ruta.
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