El estado de Chiapas ha comenzado a ser zona de conflicto en medio de una espiral de violencia y caos, la situación en el sureste mexicano ha alcanzado niveles críticos, con el crimen organizado sembrando el terror en la región. A pesar del reciente despliegue de al menos 2 mil 300 militares en la frontera de Chiapas con Guatemala, la situación parece estar fuera de control, afectando gravemente a las comunidades locales.
El crimen organizado ha impuesto bloqueos que aíslan a poblaciones enteras, controla los flujos migratorios y manipula los precios de productos básicos, sumiendo a la población en una crisis humanitaria. Incursiones a viviendas ya marginadas se han convertido en la norma, utilizándolas como casas de seguridad o forzando a sus residentes a unirse a las filas de las bandas delictivas.
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La extorsión y el derecho de piso son prácticas cotidianas, mientras que las balaceras diarias y los asesinatos han dejado a miles de personas desplazadas y comunidades enteras en estado de desesperación. La escalada de violencia ha llevado a decapitaciones públicas, sumiendo a la población en un estado de constante temor.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, las consecuencias de esta crisis son palpables en la paralización de escuelas, transporte y negocios. La población enfrenta no solo la amenaza constante de la violencia, sino también el desabasto de alimentos y la falta de servicios esenciales.
Durante el periodo comprendido entre 2010 y octubre de 2022, la problemática del desplazamiento forzado ha dejado una marcada huella en el estado mexicano de Chiapas. Según datos recopilados hasta esa fecha por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), al menos 16 mil 755 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a diversas formas de violencia.
Actualmente en un nuevo contexto por la ola de violencia que se ha desatado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas, México; Frayba ha revelado una situación de extrema gravedad. En las primeras semanas de enero de 2024, la violencia se ha intensificado, desencadenando lo que el Frayba describe como una "verdadera crisis humanitaria" con al menos 2 mil 300 personas en situación de desplazamiento forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia.
El desplazamiento forzado se inscribe en el contexto de una violenta disputa por el control del territorio entre grupos criminales, utilizando esta táctica como medio de control sobre la población. Testimonios recabados por Frayba señalan un intenso enfrentamiento armado el 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel y Nueva América, con informes de desapariciones, homicidios, reclutamiento forzado y un impacto psicosocial grave en la población debido al miedo constante y la violencia.
Durante el mes de mayo de 2023 se documento el desplazamiento de al menos 3 mil personas en el municipio de Frontera Comalapa, en donde el 25 de mayo se produjeron ataques armados que afectaron a la población civil, resultando en la muerte de varias personas en medio de un fuego cruzado.
El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó resistir su ingreso al territorio ejidal, resultando en represión con un uso excesivo de la fuerza, dejando a su paso personas heridas, disparos de armas de fuego y estragos causados por la inhalación de gas lacrimógeno.
“Esta situación no es nueva, hemos denunciado con antelación la agudización de la violencia en las regiones Frontera y Sierra, que sigue en aumento generando de manera continua una diáspora constante de desplazamiento forzado. Tan solo en el mes de junio del año 2021 a la fecha han sido víctimas de desplazamiento forzado más de 10,000 personas, que han huido de sus hogares para salvar sus vidas”, dijo el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García.
A pesar de los desafíos para documentar la situación debido al miedo, desconfianza e incertidumbre, el Frayba logró identificar ese número de personas que se desplazaron forzadamente, refugiándose en cabeceras municipales de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán. Algunos también han migrado a lugares como Playa del Carmen, en el estado de Campeche.
Las comunidades afectadas incluyen Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (del municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenango).
El Frayba lamenta que, frente a esta emergencia, la sociedad civil de los municipios receptores esté brindando refugio y ayuda a las familias desplazadas, mientras critica el discurso "irresponsable" de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, que minimiza la situación al calificar a las personas afectadas como "en situación de vulnerabilidad ante un evento socio-organizativo".
De acuerdo a datos de esta dependencia de Protección Civil se tienen contabilizados mil 864 personas; en los municipios de Tzimol y Socoltenango, así como en casas solidarias en Comitán y La Trinitaria. Así como Tzimol, en donde se atienden ahora a 23 personas, mientras que en el de Socoltenango a 466 personas, La Trinitaria se atiende a 431 personas y en Comitán se atiende a 944 personas que se encuentran en casas solidarias ubicadas en diversas colonias.
La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Roblero García, informó que más de 30 comunidades en los ocho municipios de la región fronteriza entre Chiapas y Guatemala enfrentan una crisis humanitaria debido a desplazamientos forzados, en medio de la creciente violencia ligada al narcotráfico en los últimos meses.
Roblero García destacó la dificultad de precisar el número exacto de desaparecidos, pero resaltó que ha mantenido contacto con decenas de familias afectadas en municipios como Chicomuselo, Bella Vista y Frontera Comalapa. La situación, según la directora, es especialmente compleja en esta región que ha sido golpeada duramente por el narcotráfico.
De acuerdo con cifras oficiales, de las mil 394 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, mil 86 denuncias provienen de Chiapas. Aunque el estado no figura entre los que reportan más casos a nivel nacional, la creciente violencia vinculada a la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) preocupa a activistas y defensores de derechos humanos.
Recientemente, a través de un video difundido por las redes sociales la región fue testigo de la presencia de un convoy del Cártel de Sinaloa, que atravesó la zona montañosa entre Chicomuselo y Bella Vista, mostrando a la población saliendo al camino para recibirlos con globos blancos y morados gritando “queremos paz”, evidenciando la influencia del grupo delictivo en la zona. "Vámonos a Frontera (Comalapa)", exclamó uno de los hombres al servicio del cártel en el material audiovisual.
En este contexto, el Frayba exigió a los gobiernos Federal y Estatal que atiendan urgentemente a las personas víctimas de desplazamiento forzado, abordando también las causas subyacentes. Se hace hincapié en la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la ONU y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. La organización destaca la necesidad de reconocer la gravedad de la situación y tomar medidas inmediatas para salvaguardar la vida y la integridad de las personas afectadas.
Los pobladores de las localidades Nueva Independencia, Nueva Libertad y Flores del Grijalva pudieron retornar con la ayuda del Ejercito Mexicano, Guardia Nacional y Protección Civil en donde desde el refugio que mantenían en el ejido Josefa Ortiz abordaron 6 camiones y nuevamente ingresaron a sus hogares.
La presencia militar en la frontera con Guatemala ha sido un intento por parte del gobierno de controlar la situación, pero hasta ahora, los resultados no han sido suficientes para restablecer la paz y la seguridad en la región. La comunidad internacional observa con preocupación la creciente crisis en Chiapas, instando a las autoridades a tomar medidas más efectivas para proteger a la población y restaurar el orden en esta región asolada por la violencia.
AMLO pide no apoyar a los cárteles
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a la población a no respaldar a bandas del crimen organizado, ya sea de un bando o de otro, durante una conferencia de prensa realizada el día de hoy. Reconoció la presión que enfrentan habitantes de diversas regiones del país por parte de grupos delincuenciales y expresó su comprensión hacia aquellos que, por temor, se ven obligados a participar en actividades promovidas por estos grupos.
En respuesta a la denuncia de pobladores de Chicomuselo, Chiapas, que han sido amenazados para unirse al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mandatario federal enfatizó que la colaboración con delincuentes no debe ser tolerada. "No ayuden a delincuentes", declaró López Obrador, subrayando la importancia de no respaldar ninguna acción criminal.
El presidente también hizo un llamado a los ciudadanos para que apoyen a la Guardia Nacional y permitan su presencia en sus comunidades. Considera que la falta de apoyo a esta institución puede deberse a la protección de criminales por parte de la población. "Que ayuden, la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza", expresó.