San Cristóbal de Las Casas.- Ocho años han pasado desde el fatídico 26 de mayo de 2016, cuando 54 familias, totalizando 256 personas, fueron expulsadas violentamente del ejido Puebla en el municipio indígena de Chenalhó, después de las elecciones de 2015. Este grupo, que se opuso a votar por el Partido Verde Ecologista de México, se vio obligado a abandonar sus hogares, enfrentándose a condiciones infrahumanas en un campamento en San Cristóbal de Las Casas, donde aún aguardan justicia.

Aracely Cruz López, representante de los tsotsiles, narró con pesar estos ocho años de lucha, dolor, impotencia y cansancio. A pesar de numerosas protestas y la pérdida de su padre, don Guadalupe Cruz, por un proyectil de arma de fuego durante la expulsión, la justicia sigue sin llegar.

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"Vivimos en busca de la razón y la justicia que nos asiste, pero no la encontramos", expresó Cruz López. Aunque agradeció la asistencia de Protección Civil que proporciona algunas despensas, subrayó que la falta de acceso a la justicia es la herida que no cierra para los desplazados.

La representante destacó que la injusticia también cobró la vida de su hermano, Aurelio Cruz López, quien perdió la vida mientras buscaba alcanzar el "sueño americano" en su ruta hacia los Estados Unidos. La incertidumbre persiste entre los desplazados, quienes han perdido tierras, bienes y la promesa de un retorno justo.

"Este será el octavo año que vivimos sin tener derechos humanos al bienestar", concluyó Aracely Cruz López, evidenciando la urgente necesidad de atención y solución por parte de las autoridades competentes ante esta situación prolongada de desplazamiento y falta de justicia.