En un preocupante informe presentado por el abogado de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Mario Ortega, se han documentado 40 casos de tortura en contra de indígenas y campesinos en el estado de Chiapas desde 2015 hasta la fecha actual. Además, se ha señalado la falta de acción por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El abogado denunció un patrón de fabricación de culpables por parte de la Fiscalía General del Estado, el cual se dirige a personas en situación de mayor vulnerabilidad social. En una entrevista, Ortega expuso que este patrón de fabricación de delitos afecta especialmente a los compañeros de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en una posición desfavorecida para defenderse.
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Entre los casos destacados, se mencionaron las situaciones de José Luis "N" y César "N", indígenas tseltales de la localidad Bachajón del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos y torturados en 2019 durante una protesta pacífica en contra de la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio.
Otro caso mencionado fue el de Jony Ronay "N", un joven de La Concordia, quien fue detenido en 2019 cuando tenía 18 años. Ronay fue acusado de portación de drogas y armas tras perder un segundo camión de regreso a su comunidad después de hacer una tarea y recibir un aventón de un desconocido. Según el abogado, se trató de una fabricación de delitos.
Asimismo, se destacó el caso de Manuel Sántiz, un compañero defensor de derechos humanos en San Juan Cancuc, a quien se le prefabricó el delito de homicidio como represalia por su labor en defensa de las clases sociales más desprotegidas. Lamentablemente, el 18 de mayo de 2023, Sántiz fue sentenciado siendo inocente de los delitos que se le imputaron.
El abogado informó que uno de los casos ha sido elevado al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y próximamente se presentarán otros cuatro casos más con el objetivo de exigir la reparación del daño a las víctimas.
A pesar de haber informado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre todos los casos documentados, no se ha tomado una determinación contundente exigiendo justicia, reparación de daños y el respeto al Estado de Derecho. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni el Poder Judicial del Estado han recibido recomendaciones al respecto.
El abogado destacó que en todos los casos se sigue un patrón establecido, el cual involucra detenciones arbitrarias, fabricación de investigaciones, liberación de órdenes de aprehensión y la negación de declaraciones sobre tortura a los acusados. Además, no se realiza una revisión de la detención al ejecutarse una orden de aprehensión, según lo expuesto por Ortega.