En al menos 16 municipios de la entidad servidores de la nación están pidiendo documentación no establecidos en las reglas de operación de los programas sociales, por lo tanto, se está generando una exclusión, la exigencia al delegado de los Programas Integrales para el Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, es que se transparente el proceso de inscripción, demandaron este martes en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar en Tuxtla Gutiérrez.
Vamos a cumplir con la documentación que se los solicita pero no se nos pide certificado parcelario, mucho menos, documento firmado por los comisariados ejidales, lamentablemente hay muchos procesos de inscripción con anomalías, incluso hay denuncia en contra de servidores de la nación, explicaron productores.
Provenientes de Ocozocoautla, La Trinitaria, Bochil, Comitán de Domínguez, Jiquipilas, Cintalapa, Larráinzar, Oxchuc, Ixtapa, El Bosque, entre otros, destacaron que un promedio de 6 mil 800 personas fueron beneficiadas con el programa Producción para el Bienestar pero no existe claridad en el proceso de inscripción y genera exclusión.
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Los documentos que Aguilar Castillejos hizo oficial para ser presentados son credencial de elector, Clave Única de Registro de Población, comprobante de domicilio y la constancia de posesión del predio, sin embargo, servidores de la nación están rechazando la constancia con el argumento que el predio no tiene validez.
La exigencia al delegado de los Programas Integrales de Desarrollo es que se instruya a los servidores de la nación respeten las reglas de operación, toda vez que si no avanzamos en la presentación de documentos quedaremos fuera de los programas, los días del 26 de enero al 8 de febrero tenemos de plazo para la comprobación e inscripción.
Se trata de ratificar que el productor existe y que las tierras son verdaderas, que se trabajan y que corresponden al productor que está solicitando ingreso al programa, esto definitivamente no es ni justo, ni legal, lamentablemente los servidores de la nación están actuado al margen de la legalidad.
