Las Colectivas Cereza de San Cristóbal de las Casas, Madres en Resistencia y Vivas Nos Queremos han acusado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Indígena de abuso de poder al inculpar a Lizette, una mujer indígena de Yajalón, de un delito que no cometió. La acusación se basa en testimonios falsos que no han podido ser presentados. Lizette, quien dio a luz a un bebé que nació muerto, enfrenta la criminalización de las mujeres indígenas.
Verónica, una mujer tseltal, se encuentra recluida en el Cereso número 5 de San Cristóbal de las Casas, acusada de homicidio calificado en razón de parentesco. Es madre de tres hijos y un recién nacido que nació sin vida. Lizette vivió en un ambiente de violencia por parte de su ex pareja, y se sospecha que su último hijo falleció debido a los múltiples golpes que le propinó durante el embarazo, con el cordón umbilical en el cuello.
El Estado Mexicano tiene una responsabilidad en la violencia estructural que ha sufrido Lizette, quien está procesada bajo la causa penal 06/2022 en el Juzgado de Control del municipio de Ocosingo. La Fiscalía de Justicia Indígena integró la carpeta de investigación, y Lizette fue detenida sin orden de aprehensión de forma violenta por la policía municipal de Yajalón el 13 de enero de 2022, dejando desprotegidos a sus tres hijos en el cuarto donde vivía.
La acusación de homicidio calificado se centra en el supuesto asesinato de su hija recién nacida, implicando a su ex esposo, aunque solo Lizette ha sido detenida. Su arresto fue arbitrario; estuvo tres días en los separos de la policía municipal de Yajalón, donde sufrió torturas por parte de los agentes y la Fiscalía General del Estado. La golpearon y amenazaron con un tigrillo, un animal salvaje de Chiapas, para que se auto inculpara de un delito que no cometió.
Ante esta situación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), bajo la dirección de Juan José Zepeda Bermúdez, ha iniciado una queja por detención arbitraria y tortura. Se ha comprobado la participación de la policía municipal en la detención de Lizette, a pesar de que ellos lo niegan. Durante la audiencia inicial, su participación fue capturada en video, evidenciando su colaboración con el Ministerio Público de la Fiscalía de Yajalón.
Las colectivas explican que la carpeta de investigación muestra múltiples inconsistencias por parte de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Indígena y la Fiscalía de Yajalón. Un testigo directo resulta ser personal de la policía municipal de Yajalón, quien, a pesar de haber declarado ser un trabajador de la construcción, afirmó haber visto a Lizette y a su esposo Bernardo matar a su bebé con excesiva violencia, presentándose a declarar cuatro días después de los supuestos hechos.
Además, la Fiscalía presentó dos peritajes distintos, uno realizado por una persona de 51 años y otro por un recién nacido, aunque el perito no contaba con cédula profesional. A pesar de ello, la Fiscalía permitió que esta persona realizara el peritaje. Se mencionó una cinta como elemento probatorio, pero más adelante se señalaba otro elemento sin haber una cadena de custodia ni evidencia de la realización de una necropsia con el supuesto cuerpo de la recién nacida; tampoco se encontraron fotografías.
Las colectivas han solicitado las fotografías y copias de la necropsia legal, así como informes de la policía de Yajalón y del agente de la policía de la comandancia regional zona indígena. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa, argumentando que no tienen los documentos digitalizados, lo que se considera una obstrucción a la justicia y ocultación de pruebas a la defensa, manipulando el debido proceso. El 31 de mayo de 2023 estaba programado el juicio oral, y la Colectiva Cereza asumió la defensa. Actualmente, Lizette vive en una situación de riesgo.
Las colectivas exigen una justicia pronta y expedita, subrayando que la Fiscalía no ha presentado a cinco de los siete testigos que dijo tener. Los argumentos de la Fiscalía son contradictorios y han dejado a la víctima en un estado de indefensión. Su reclamo es por libertad, justicia y castigo a los responsables de la detención arbitraria y tortura, así como a los policías que fabricaron un delito falso en su contra. La queja contra la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Justicia Indígena es su inmediata liberación, insisten.
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