El presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, Juan Salvador Camacho Velasco, se pronunció por el cumplimiento inmediato de la medida cautelar 1498-18, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor del ejido Emiliano Zapata, de Tuxtla Gutiérrez, que demanda atención urgente a la gravedad de la salud por contaminación ambiental que ha generado el fallecimiento de 21 personas.
Dijo que el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoé Morales Vázquez, en su calidad de ex secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, debe plantear una solución integral, urgente y de fondo, conoció el tema o debió conocerlo a fondo por la contaminación y degradación ambiental causado por el relleno sanitario la empresa privada Proactiva Medio Ambiente Tuxtla S.A. de C.V. y su filial Veolia, que funciona desde el 2006.
La muerte de seres humanos de ese centro de población es causada por una irresponsabilidad y la autoridad que debió aplicar la ley en el gobierno estatal pasado es precisamente en actual munícipe Morales Vázquez, de la totalidad de los decesos 9 son niños, de forma prematura debidamente documentados desde el año 2006 al 2018.
Camacho Velasco respondió que la CIDH recibido la solicitud de medida cautelar el 28 de noviembre de 2018 y solicitado información el 27 de febrero, y su dictamen del 23 de abril exige al gobierno de la república, de Chiapas y de Tuxtla Gutiérrez, medidas para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de Emiliano Zapata.
A juicio del diputado de San Cristóbal de las Casas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no habido investigación, ni interés en ello, no hay acciones de prevención, protección, ni atención a los derechos humanos, ni un diagnóstico médico especializados, las causas de las patologías y enfermedades.
El legislador pidió la presencia del Estado mexicano a través de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, Procuraduría Federal de Protección Ambiental, Fiscalía General de la República, y otras instituciones, que realicen un diagnóstico de la gravedad, planteen soluciones integrales, deslinden responsabilidad e inicien las soluciones.