La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Estela Parra Chávez, reconoció el esfuerzo de los funcionarios de casillas, supervisores electorales, capacitadores electorales y los consejos municipales electorales de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra donde se han suspendido las elecciones de este domingo 3 de abril por falta de seguridad para la sociedad.
Sin embargo, lamentó que no estén en la cárcel los delincuentes electorales no obstante que el 6 de junio del 2021 en tres municipios, Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, no se hayan realizado elecciones ordinarias para miembros de ayuntamientos, mientras que en otros tres, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, se hayan anulado por violencia, no tenemos que acostumbrarnos a suspender elecciones.
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Es importante recordar que la nulidad de las elecciones del 6 de junio del año pasado fue resultado de los actos de violencia provocados por grupos armados, es decir, desde el proceso ordinario hubo manifestaciones en aras de desaparecer la voluntad popular en las que estuvieron involucradas armas de fuego, basta platicar por quienes fueron capacitadores y asistentes electorales tanto del INE como del IEPC o con funcionarios y funcionarias de casilla para tener un contexto más real de lo que sucedió en aquella ocasión, comentó.
Sin duda es frustrante haber llegado a la suspensión de la elección para miembros de ayuntamientos en estos municipios y haber expuesto la vida del personal del IEPC y del INE, no pensamos en la ciudadanía del municipio por la incapacidad del Estado Mexicano para contener esta violencia, no ha sido posible garantizar un entorno seguro, es lamentable que no exista Estado de Derecho para la vida normal, urgen condiciones de seguridad pública y paz para los habitantes, añadió la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez.
“Sabemos que hubo violencia provocada por uno o por dos candidatos en Frontera Comalapa que se confrontaron el 6 de junio y que volvieron a ser postulados para el 3 de abril, por un lado exigimos que haya paz, pero falta hacer lo propio como institutos políticos, me parece que los partidos políticos tienen esa responsabilidad y que las instituciones mantengan la paz y el orden, no se deben postular a candidatos que fomenten la violencia”, subrayó.
El IEPC tiene que garantizar el derecho al sufragio efectivo, un derecho humano, pero no le corresponde a este Órgano Público Local Electoral generar las condiciones de seguridad y paz social, junto con el Instituto Nacional Electoral hemos venido trabajando para llegar hasta donde humanamente sea posible.
Hay condiciones que no corresponde garantizar al IEPC para que una jornada electoral transcurra en paz social, el primer paso para poder realizar esta es que la ciudadanía acepte ser funcionarios y funcionarias de casilla y la ciudadanía no quiere aceptar porque tiene miedo a que sea violentada porque hay acuerdos que no se cumplieron como lo da cuenta el Instituto Nacional Electoral.
Es inverosímil como la propia autoridad municipal no garantizó esas condiciones de seguridad, no solo eso, es sorprendente que el pasado jueves en lugar de buscar la conciliación, porque hay grupos que sí querían elecciones, así lo manifestaron en el Instituto, hemos rebasado límites cuando el Concejo Municipal Electoral haya hecho saber a la ciudadanía en general que suspendía las labores por tiempo indefinido hasta nuevo aviso, comentó Sánchez Domínguez.
“Por Dios, fueron designadas para aplicar la ley, para cumplir con las atribuciones de darle gobernabilidad a un municipio y lo comento porque los diferentes grupos que han venido se han quejado de otras cosas, los han engañado de que por el hecho de tener una elección constitucional no pertenecerían a Honduras de la Sierra y se convertiría en un municipio constitucional, no se vale que engañen a la gente en lugar de cumplir con sus obligaciones, que la gente sepa cuales son sus derechos”, agregó.
Si bien hay comunidades que no quieren pertenecer a Honduras de la Sierra, hay un gobierno que no salió de la voluntad popular, lo nombró el Congreso del Estado el 30 de septiembre del 2021, así como no salió de la voluntad popular el pertenecer o no a ese municipio, ni siquiera se les consultó habiendo tantos mecanismos de participación ciudadanas, no han generado conciliación entre las comunidades que son vecinas y parte de una misma familia que están peleando por causas que pudieran resultar trascendendentales, la gente tiene arraigo, tiene un límite territorial que le afecta, agregó.