Poco productiva fue la última legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, ya que a pesar de contar con un presupuesto de mil 553 millones 026 mil 907 pesos con 69 centavos, lo que prevalece es un rezago.
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Los 40 diputados locales no aprobaron las iniciativas de reforma que ellos mismos propusieron. Las dos diputadas que fungieron como presidentas de la Mesa Directiva fueron: el primer año y medio, María de los Ángeles Trejo Huerta, del Partido Verde Ecologista de México; y luego Sonia Catalina Álvarez, del Partido del Trabajo, el último año y medio.
El presupuesto de egresos del Gobierno del Estado en el 2022 indica que el Congreso del Estado ejerció un presupuesto de 502 millones 648 mil 858 pesos con 24 centavos; mientras que en 2023 el monto ascendió a 517 millones 307 mil 113 pesos con 93 centavos y en el 2024 la suma fue de 533 millones 070 mil 935 pesos con 52 centavos.
El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional de Tuxtla Gutiérrez, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano compartió que en tres años, del 1 de octubre del 2021 a septiembre del 2024 presentó 130 iniciativas pero el 90% de ellas las presidentas de las mesas directivas no les dieron lectura, como lo obliga la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y del universo presentado lamentablemente solo se aprobó un 3 por ciento.
En la recta final de la legislatura, Bonifaz Moedano ya no quiso hablar frente a las cámaras del tema del rezago legislativo, "ya para qué, hay que darle la vuelta a la página, pero lo que debió hacer la Mesa Directiva en ambos periodos no lo hizo, y eso es grave porque la responsabilidad del legislador es hacer leyes en beneficio de la sociedad”.
De acuerdo con Raúl Eduardo Bonifaz lo más importante y que ayudaría a Chiapas era la nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, presentada desde el inicio de la actual legislatura en el 2018, también su reglamento para generar las soluciones que el pueblo espera en materia legislativa, pero no pasó porque no hubo interés de la Mesa Directiva.
Otra iniciativa presentada al inicio de la actual legislatura que concluye funciones este 30 de septiembre es la de la Ley Estatal para la Atención de la Migración, pero no se le dio lectura, ni se turnó a comisiones para su estudio y dictámen.
Otro pendiente es la reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas para la tipificación del delito de acecho en defensa de los derechos de las mujeres, también la propuesta es castigar como feminicidio la agresión con ácido a las mujeres, que tampoco pasó, no obstante la obligación de protegerlas y garantizar sus derechos.
Tampoco pasó la propuesta del matrimonio igualitario, una más al derecho a la identidad de las personas de la diversidad sexual; además, hay cinco iniciativas para sancionar el maltrato animal.
La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Floralma Gómez Sántiz, dejó al menos cinco de sus propuestas que tampoco se sometieron al pleno; asimismo, la diputada del PVEM, Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, vicepresidenta del Congreso del Estado, revela que unas cuatro de sus propuestas tampoco llevaron a lectura o dictamen, ni se cometieron al pleno.
La diputada Petrona de la Cruz Cruz, plurinominal de Morena, Medalla Rosario Castellanos, salió corriendo cuando le preguntamos los pendientes de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, no esperó la respuesta relacionada del porqué no se dieron lectura a muchas iniciativas, ni se turnaron a comisiones para su estudio y dictamen; por su parte la presidenta del Congreso del Estado, del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, también evadió a este medio cuando se le cuestionó de las iniciativas pendientes; mientras la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política, Elizabeth Escobedo Morales, nunca estuvo interesada en abordar el tema.
En ese sentido, el presidente de la Federación de Colegios, Barra y Asociaciones de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina considera que los 40 diputados del Congreso del Estado deben rendir cuentas, no han representado al pueblo, no lo han defendido, “no han protegido sus derechos e intereses y eso también es corrupción, es muy alto el presupuesto de tres años para que no se generen resultados”.
“Creo que la Secretaría de la Honestidad y Función Pública debería exigir al Congreso del Estado transparencia en su actuar, no sólo en el manejo de los recursos públicos, si no también en materia de producción o productividad, pues no han generado las leyes que el estado necesita y eso es corrupción. Han devengado un salario que no justifica la omisión, inoperatividad y falta de calidad de la representación política, en cambio están realizando una rehabilitación de la sala de sesiones sin dar a conocer el presupuesto para ello”, expresó
Mientras tanto, el abogado Carlos Alberto Palacios Martínez, presidente del Colegio de Abogados de Tapachula, expuso que es lamentable la baja productividad y la mala calidad de la representación popular, aunque como sociedad “no hemos hecho nada para exigir que los 40 diputados cumplan con su responsabilidad. Las cámaras empresariales, los colegios de abogados y de profesionistas hemos sido apáticos, esos problemas se suscitan porque lo hemos permitido, la cuestión de seguridad que está perreando en la zona norte, centro y frontera es consecuencia del silencio”, indicó.
“Muchas cosas no caminan si no se impulsan, a la exigencia de resultados deben sumarse todas las agrupaciones, colegios y cámaras, hay que pedirles que expliquen qué están haciendo, que respondan por haber protestado al cargo, incluso que se exija responsabilidad penal y administrativa por omisión, que hagamos un movimiento activo de la sociedad exigiendo responsabilidad”, subrayó.
En su momento, el abogado Sergio Alberto Amores Gutiérrez, miembro de la Asociación de Abogados del Sureste, analizó que el Congreso del Estado ha estado inactivo, y el hecho que se reelijan tres legisladores: dos mujeres, María Reyes Diego Gómez, del Partido del Trabajo y Faride Abud García, de Morena, así como Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del PRI, es un ejemplo de que solamente responden a sus intereses, antes que representar y defender los derechos de la sociedad.
“A los 40 diputados locales de la LXVIII Legislatura Local les digo que han quedado a deber. Son improductivos, quizás sería una de las bondades de la reforma al poder judicial federal exigir cuentas y debería extenderse la rendición de cuentas a las y los legisladores. Lamentablemente se les exige cuentas a todos los poderes menos al Legislativo, tendrían que rendir cuentas de cómo gastaron el presupuesto público que se les asignó durante los tres años”, reiteró.
Antes del 30 de septiembre del 2024, cuando concluye la responsabilidad Constitucional de la LXVIII Legislatura Local, se iniciaron los trabajos de remodelación de la sala de sesiones, cambio de alfombra, sillas y otros espacios para el acceso de silla de ruedas. La LXIX Legislatura Local asume el 1 de octubre de este año, y se encontrará con un gran rezago legislativo.
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