El problema agrario entre los estados de Chiapas y Oaxaca deberá resolverse conforme a derecho sin importar la incertidumbre a la que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A la par de las decisiones del máximo órgano jurisdiccional del país, tiene que haber una gran conciliación y acuerdos con los comuneros de ambos estados, precisa la SEDATU.
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El titular de la Oficina de Representación en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Camilo González Polito, expuso que se espera una nueva sentencia de la SCJN, al dejar sin efecto la que emitió hace tres años, en noviembre del 2021.
En entrevista en el Congreso del Estado, donde acudió a la instalación de la Comisión de Reforma Agraria, explicó que llegará el momento en que se resuelva el conflicto, pero no hay tiempos para ello; en tanto eso ocurre, tiene que haber construcción de acuerdos en la zona para la estabilidad y la paz social.
No abundó en el diferendo agrario, pero suman 160 mil hectáreas las que se encuentran en conflicto entre los estados de Chiapas y Oaxaca en la zona de los Chimalapas y en el noreste de Cintalapa de Figueroa, donde la SCJN disolvió el municipio Belisario Domínguez creado en el 2011, aunque insistió que debe haber paz y certeza jurídica para el bienestar de los comuneros de ambas entidades federativas.
En presencia de uno de sus colaboradores, González Polito refirió que así como este conflicto álgido debe encontrar soluciones, también el que se vive en Venustiano Carranza, en la Selva Lacandona, en Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Palenque, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.
Los asuntos agrarios tienen que ser resueltos con la colaboración de las propias comunidades con la participación de la SEDATU, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional. En algunos casos, se deberá tener la presencia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como en el conflicto del Parque Nacional Cañón del Sumidero y otros predios federales.
Consideró que la Comisión de Reforma Agraria del Congreso del Estado deberá plantear una agenda estratégica que abone a la solución de conflictos agrarios, a la regularización de la tenencia de la tierra, al ordenamiento del territorio, incluyendo los espacios donde se han construido sucursales del Banco del Bienestar.
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