El Congreso de la Unión y el Congreso de Chiapas han aprobado la Ley 3 de 3, una legislación que establece requisitos más estrictos para los candidatos en las elecciones del 2024. Esta ley exige que los órganos electorales soliciten a todos los candidatos de todos los partidos una constancia de no tener deudas alimentarias expedida por un juzgado civil, así como un certificado que demuestre la ausencia de antecedentes de agresión sexual o violencia familiar emitido por un juzgado penal.
Según el abogado José Manuel Blanco Urbina, estas medidas buscan garantizar que ningún violentador de mujeres, deudor alimentario o acosador ocupe un cargo público. Sin embargo, el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas AC advierte que esta exigencia podría resultar en la falta de candidatos y aspirantes a servidores públicos, ya que la violencia contra las mujeres ha aumentado. Blanco Urbina enfatiza la importancia de que las mujeres no guarden silencio y denuncien cualquier situación de violencia.
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Tanto las áreas administrativas de las dependencias de los tres niveles de gobierno como los órganos electorales serán responsables de exigir que los aspirantes a funcionarios públicos no se encuentren en ninguno de estos tres supuestos. Sin embargo, se debe tener cuidado en la correcta aplicación de estos requisitos, enmarcados en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar la corrupción en su implementación.
La aplicación de estas determinaciones por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría complicar la nominación de candidatos a puestos de elección popular y aspirantes a servidores públicos. No obstante, el abogado considera que esto es un triunfo para las mujeres en términos de igualdad de género y también para la sociedad en general, ya que se busca contar con funcionarios y representantes populares sin pendientes judiciales. Los aspirantes deberán presentar además la constancia de antecedentes no penales emitida por el poder judicial.
Blanco Urbina señaló casos anteriores en los que candidatos y funcionarios públicos se han beneficiado del poder para cometer actos de corrupción y apropiarse de los recursos públicos. Destacó el caso del senador Noé Castañón Ramírez, quien enfrentó una demanda por parte de la madre de sus hijos y no pudo asumir su cargo en el Senado de la República.
El abogado subraya que desde Chiapas se puede rastrear a deudores alimentarios, violentadores o acosadores en cualquier estado del país a solicitud de la parte afectada. La ley debe aplicarse sin distinción.
Según el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, hasta el 24 de marzo de 2023, se han registrado 19 casos en Chiapas, con 14 personas inscritas y cuatro reincidencias. Estos registros incluyen casos en diferentes municipios como Bochil, Capitán Luis A Vidal, Catazajá, Emiliano Zapata, Ocozocoautla, San Juan Cancuc, Teopisca, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán y Zinacantán.