El abogado penalista Luis Miguel Ochoa Morales ha expresado su postura respecto a la reciente propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que busca reestructurar el Poder Judicial Federal. Ochoa Morales señala que, aunque la iniciativa tiene aspectos positivos, también plantea riesgos que podrían afectar la autonomía judicial.
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Entre los puntos positivos, Ochoa Morales destaca la reducción en los tiempos para emitir resoluciones, laudos o sentencias, lo que podría traducirse en mayor eficiencia en el sistema judicial. Sin embargo, el abogado subraya que lo preocupante es la forma en que se designarían a los ministros, magistrados y jueces. Según la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque estas designaciones se realizarían mediante elecciones, los candidatos serían propuestos por el sistema político mexicano, lo que, en opinión de Ochoa Morales, podría imponer la voluntad del titular del poder ejecutivo.
La reforma propone reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acortar el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Además, se eliminarían las dos salas actuales de la SCJN, quedando únicamente el pleno, cuyas sesiones serían públicas. Otro de los puntos relevantes es la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros, y el ajuste de sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la república.
En este sentido, Ochoa Morales considera que es necesario que la SCJN sea fiscalizada para garantizar que el ahorro prometido se materialice y que los montos sean transparentes. Asegura que, si bien los salarios elevados de los ministros son un tema recurrente en la opinión pública, no se conoce con precisión cuál es el gasto global anual del poder judicial.
Cómo elegirán a ministros y magistrados
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es el método de selección de los ministros, magistrados y jueces. Según la propuesta, estos funcionarios se elegirán en elecciones ordinarias a nivel nacional a partir de 30 candidaturas paritarias, de las cuales 10 serían propuestas por el Poder Ejecutivo, 10 por el Congreso de la Unión y 10 por el Poder Judicial. Sin embargo, Ochoa Morales advierte que no se detalla cómo se llevará a cabo este proceso, lo que deja espacio para que el sistema político en turno influya en las designaciones.
Del mismo modo, los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito serían elegidos en los 32 circuitos judiciales del país bajo un esquema similar, lo que, según el abogado, abriría la puerta a la imposición de candidatos afines al sistema político.
Consejo de la Judicatura y posible abuso de poder
Otro punto importante de la reforma es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que quedaría conformado por cinco magistrados electos a nivel nacional para un periodo de seis años. Este organismo tendría la facultad de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces, y podría dar vista al Ministerio Público en caso de delitos, además de solicitar juicios políticos ante el Congreso de la Unión.
Para Ochoa Morales, este aspecto podría ser utilizado como una herramienta de control sobre el Poder Judicial, generando lo que considera un riesgo de abuso de poder. El abogado alerta que la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes en amparos y controversias constitucionales es un indicio de la posible consolidación de una dictadura en el país.
Luis Miguel Ochoa Morales concluye que, si bien la reforma busca mejorar la eficiencia del sistema judicial, sus posibles implicaciones políticas y el riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo deben ser evaluados con cuidado. El abogado insiste en que los actuales integrantes del Congreso de la Unión serán responsables ante la sociedad por las consecuencias de esta iniciativa, que podría modificar profundamente el equilibrio de poderes en México.
