En Tuxtla Gutiérrez no se podrá retirar el puente de colores en el boulevard Belisario Domínguez, esquina con Manuel Velasco Suárez y prolongación Caña Hueca, para la construcción del proyecto del Circuito Interior "Chiapas de Corazón" hasta en tanto no se resuelva el amparo promovido ante un juez federal, por ahora sigue vigente la suspensión definitiva al dictamen del derribo de árboles autorizado primeramente el 22 de marzo por el ayuntamiento de la capital, así lo explicó el representante del colectivo Menos Puentes Más Ciudad, Joseliny Omar Díaz Torres.
"No pueden emprender ninguna acción relacionada a la obra, hay activo una suspensión definitiva al dictamen de autorización del derribo de 485 árboles, en amparo promovido, sigue activa, no se puede realizar ninguna obra, ni ninguna acción relacionada con el puente de colores, ni con el puente vehicular. Por el momento no tendría que suceder nada hasta que se resuelva el amparo. El amparo es un mecanismo de defensa de derechos humanos".
Estamos dando seguimiento a los amparos y vamos a promover una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y buscaremos llegar hasta donde sea posible, ahora nos interesa sentar precedente de jurisprudencia, de dictamen, si es necesario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncien sobre cómo debe ser la participación ciudadana en materia de medio ambiente y de movilidad, añadió.
Promoveremos, dijo, un amparo contra el derecho a participar y se sustentará en la falta de información y negación de ésta por parte de las autoridades, basado en el acuerdo de Escazú para garantizar el derecho al medio ambiente sano con el componente de la participación ciudadana y los estados y municipios tienen que abrir los canales para que esta participación se garantice, negar la información que debe ser pública es violatorio de derechos humanos.
En la audiencia pública del pasado jueves 27 de abril entre a presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez se declaró incompetente para generar mecanismos de participación ciudadana para la consulta del proyecto del Circuito Interior "Chiapas de Corazón", y para aportar elementos técnicos, ambientales, sociales y económicos sobre la aprobación primero del derribo de 485 árboles del 22 de abril y luego el "trasplante" de 582 árboles de fecha 14 de abril de las vialidades de impacto del proyecto, añadió.
Explicó que a la cita para la audiencia pública generada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana entre la presidencia municipal y el colectivo, no asistió el presidente municipal Carlos Orsoé Morales Vázquez, y ese es también violatorio de derechos humanos, acudió la Secretaria General, Karla Burguete Torrestiana, así como el Secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Aurelio Cruz Ovando, y ambos dijeron no tener los elementos técnicos para aprobar el supuesto transparente de 582 árboles.
De acuerdo con Joseliny Díaz, los servidores públicos no aportaron elementos para demostrar que la construcción del proyecto del Circuito Interior no impactarían los parques urbanos Tuchtlán, Caña Hueca y Joyyo Mayu, "la respuesta que recibimos es que ellos no eran competentes, que solo eran de trámite" y ante ello, nos parece una determinación grave porque el municipio tiene facultades en la Ley de Desarrollo Urbano, para tomar acciones de planeación y diseño de políticas públicas e incidir en el diseño de cualquier obra pública, ya sea esta de carácter estatal o nacional.
También el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Chiapas facultad a los municipios a promover acciones para elaborar un Plan de Desarrollo Urbano, planear un centro de población, vigilar el desarrollo de las acciones hacia el desarrollo urbano, sin embargo, la respuesta fue: "un particular metió a la ventanilla un trámite para derribar los árboles, lo aprobamos y después se aprobó la propuesta de trasplantar los árboles". Sin embargo, nos deja más preocupados porque el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no tiene interés ni autonomía para que está ciudad garantice derechos para sus ciudadanos, enfatizó.
Insistió Díaz Torres que el garantizar un medio ambiente es tutela del gobierno municipal, y si no revisa las condiciones en las que aprueba un derribo tan masivo de árboles está incumpliendo y está siendo omiso para garantizar este derecho.
Derivado de la reunión vamos a tener una minuta de trabajo firmada y nos servirá como antecedente en este camino que estamos emprendiendo para demostrar que hemos tocado todos los espacios de participación y en ninguno hemos sido escuchados.
A la vez, damos seguimiento a la queja en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que no les autoricen el Manifiesto de Impacto Ambiental por las irregularodades que presenta. No estamos en contra de la obra, pero queremos un proyecto distinto que beneficie a todos no solo a un sector de la población, un puente no es para todas las personas, insistió.
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