"Chiapas se encuentra entre los estados peor calificados en Estado de Derecho en México, así lo refleja el más reciente informe de World Justice Project (WJP). En su estudio denominado Índice de Estado de Derecho México 2020-2021, la entidad se ubica en la posición número 23 con una puntuación de 0.38 por debajo de la media nacional.
Entre los estados del sur del país se encuentra en la cuarta posición por debajo de Yucatán, quien ocupa el primer lugar nacional con 0.47, de Campeche que es tercero con 0.44 y de Oaxaca quien está en el sitio 19 con 0.39.
Por debajo están Tabasco en el sitio 23 con 0.38, Veracruz en el puesto 26 con 0.37, Guerrero en el lugar 29 con 0.36 y al final en la nada honrosa posición 32, Quintana Roo con 0.34.
Los indicadores presentados en el Índice de Estado de Derecho México 2020-2021 se basan en una encuesta a la población en general, con 25 mil 600 entrevistas cara a cara en hogares; 800 entrevistas por cada estado y con una muestra representativa de población de 18 años y más.
“Los puntajes obtenidos para estos ocho factores son comparables de forma longitudinal para cada entidad federativa. Reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25 mil personas de todo el país y de más de 2 mil 300 especialistas en las materias analizadas, combinados y validados con datos cuantitativos de terceras fuentes de información”, señala Alejandro González Arreola, director de Proyectos de Estado de Derecho.
El informe está dividido en ocho indicadores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Los puntajes van entre 0 y 1, donde 1 indica la mayor respeto al Estado de Derecho. Ningún estado llega a una calificación idónea; de hecho, la puntuación más alta es de 0.47, en Yucatán, por lo que todos tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.
Truena en siete de ocho
Entre los ocho rubros calificados, el estado se encuentra en el sótano en cinco de ellos, mientras que en tres está casi por debajo de la media nacional y solo en uno logró calificación aprobatoria.
En los indicadores donde registra los peores números se encuentra Cumplimiento regulatorio, siendo el peor estado de los 32 del país, con una puntuación de 0.27; de ahí le sigue Límites al poder gubernamental, con una calificación de 0.37, que lo ubica en la posición 30; Ausencia de corrupción, con 0.32 puntos y en el sitio 29; Derechos fundamentales, con 0.44 y en el escalón 29; y Justicia Penal, con 0.32 y el lugar 27. Atrás de ellos presenta mejores números en Gobierno abierto, ubicándose en el apartado 25, con 0.35 de calificación; y en Justicia civil, en el lugar 23, con 0.34.
Aciertos y desaciertos
Para Nora Belén Santiago Estrada, abogada, señala que “el Estado de Derecho se basa en las leyes que emanan de la Constitución. Lo que nos rige son nuestras leyes, en la medida que se transgredan o no se respeten es como se podría calificar que tenemos un estado de derecho bueno o malo”. Señala que “los puntos en los que lo divide este estudio, son parte de ella, en el estado observo que tenemos buena justicia civil, no así la penal debido en la corrupción, en seguridad tampoco estamos bien pero si mejor que nuestros estados vecinos como Veracruz”,
Afirma, que “podríamos decir que están sacando los puntos más importantes para calificar el Estado de Derecho, que son los más visibles y en donde el común denominador de la población puede apreciar la falta de Estado de Derecho”.
Señala, “pero igual puedo decirte que la burocracia es un punto que nos afecta, los procesos deberían de ser más rápidos y prácticos sin descuidar los puntos que en cada trámite es indispensable salvaguardar, es decir, deberían hacer una homologación entre estados y tomar de cada uno lo que ha resultado más efectivo”.
La situación de Chiapas era delicada desde antes de la pandemia, la entidad era una de las dos con el Poder Judicial más atrasado tecnológicamente de México y, además, con alto grado de impunidad. Hoy, tras más de un año con los tribunales cerrados, la circunstancia es ya alarmante, afirma Edgard Benítez, abogado del despacho Arvizú-Benítez.
“Entre las víctimas no ponderadas del Covid SARS-19 deberían incluirse también las instituciones de justicia en la frontera sur, donde es imposible la resolución de problemas a través de los tribunales cerrados desde hace más de un año.
El Poder Judicial de Chiapas ha dejado en manos de los ciudadanos el arreglo de sus problemas, como puedan
El Poder Judicial de Chiapas ha dejado en manos de los ciudadanos el arreglo de sus problemas, como puedan”, agrega en entrevista. También destaca que “al ser la de Chiapas una economía tan dependiente del gobierno, el discurso político llega a pesar más que la propia realidad. Incluso, hasta la contradicción. Tenemos, por ejemplo, que debido al bajo riesgo de contagios en la entidad, las secretarías de salud federal y estatal determinaron el retorno al semáforo verde, desde el pasado 14 de febrero de 2021. Aún así, la administración pública estatal sigue actuando bajo protocolos de semáforo rojo. De ahí que la población opine, con humor, que en Chiapas el semáforo es color verde sandía: verde por fuera, rojo por dentro”.
Por su parte, Vinicio Portela, abogado y periodistas señala, que “hay que dejar en claro que este estudio es a través de encuestas realizadas a la población y no es un estudio jurídico que hubiera sido el mejor parámetro al respecto”.
