Hay certidumbre legal para docentes favorecidos por la cadena de cambio a la que convocó la Secretaría de Educación del estado (SE), “toda vez que es un procedimiento en apego a derecho”, dijo ayer la titular de la dependencia, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.
Informó que 11 mil miembros del magisterio participaron en la última cadena de cambio, entre ambos sistemas (federal y estatal). La SE sólo reconocerá los movimientos “apegados a lo que son los reglamentos oficiales y las leyes de la educación”. Por ello, el prohibir el acceso a las escuelas a la gente beneficiada por la cadena de cambio, encabezada por la SE, implica una violación al derecho del personal.
“Queremos que el derecho del trabajador esté intocable. Los derechos de los trabajadores son valiosísimos y no podemos permitir que se trastoquen, de igual manera, los derechos de los niños y las niñas”, afirmó.
Durante una entrevista, efectuada previo a la inauguración de la Cumbre de Rectores México-Centroamérica, la funcionaria estatal aseveró que ante las inconformidades de los maestros anteponen el diálogo. Sin embargo, ante un eventual paro laboral por parte del magisterio actuarán conforme a la legislación, sin importar la duración del movimiento.
“Una reacción de ese tipo es normal cuando se pierden privilegios o se modifican áreas de confort. Podría ser entendible. Lo que no podríamos entender es que afectemos los derechos de los niños y las niñas”, opinó.
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