De acuerdo al último Diagnóstico de la Situación Penitenciaria realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cárceles de Chiapas se encuentran entre las 13 entidades reprobadas a nivel nacional, derivado a la condiciones en las que operan.
Entre los Centros de Readaptación Social (Ceresos), que resultaron reprobados son de las entidades de Baja California, Campeche, Chiapas (5.95), Guerrero Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, cuya calificación promedio fue de 6.2.
Sin embargo, los peores resultados fueron para los de Tabasco con 4.21, Hidalgo con 4.5, Guerrero con 5.07 y Zacatecas con 5.1.
La CNDH informó que pese al contexto de la emergencia sanitaria en el que se encontraba el país, a través de la Tercera Visitaduría General se desplegaron diversas acciones de supervisión penitenciaria y presencia constante en los centros penitenciarios varoniles, mixtos y femeniles, en los que, se realizó la aplicación de diversos instrumentos que conforman la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.
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Dijeron que para la elaboración del diagnóstico 2021 se construyó un muestreo de supervisiones a 250 centros penitenciarios, lo que significa que se supervisó el 87.1 por ciento de centros del país durante el año 2021. Teniendo por primera vez, la muestra más amplia con respecto a otros años identificándose como prioridad la supervisión a los centros penitenciarios estatales con áreas de oportunidad importantes.
En el Diagnóstico de la Situación Penitenciaria se detalla que de los 12 centros penitenciarios evaluados en Chiapas en siete hubo calificación aprobatoria, mientras que en 5 no supero la calificación de 6 para dar como resultado promedio el de 5.95.
Los resultados de las evaluaciones fueron las siguientes: El Amate obtuvo una calificación de 5.9, el femenil de Tapachula 7.21, el CERSS 4 de Tapachula 5.54, en San Cristóbal de Las Casas 6.2, Huixtla 4.46, Villaflores 6.1. Tonalá 6.49, Pichucalco 5.45, Catazajá 4.75, Comitán 6.66, Ocosingo 6.11y Yajalón 6.49.
Entre los rubros que se evaluaron en 12 los Centros de Readaptación Social (Ceresos), en donde hay una población penitenciaria de 4 mil 682 personas fueron: aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de su libertad, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de las personas privadas de su libertad, grupos de personas privadas de su libertad con necesidades específicas.
El diagnóstico indica que el rubro de aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de su libertad, en las cárceles de Chiapas se encontraron deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
En el rubro de aspectos que garantizan una estancia digna se detectaron deficiencias en la alimentación, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior e inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.
En condiciones de gobernabilidad se encontró el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos).
Asimismo, en el rubro de reinserción social de las personas privadas de su libertad se detectó una deficiente integración del expediente técnico-jurídico, deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, insuficiencia o inexistencia de actividades educativas e insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
Mientras que en el rubro de grupos de personas privadas de su libertad con necesidades específicas, en las cárceles se detectaron insuficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Finalmente la CNDH menciona que el diagnóstico busca que se cumpla con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el país, principalmente de aquellas que pertenecen a grupos en especial situación de vulnerabilidad, como lo son las personas privadas de la libertad y que se les garantice las condiciones que les permitan una calidad de vida en reclusión y puedan acceder a una reinserción social.
