Las autoridades mexicanas dejan a los migrantes en manos del crimen organizado, corrupción y el burocratismo presentes en los trámites en la frontera sur de México con Guatemala, indicó Luis García Villagran, director del Centro de Dignificación Humana (CDH) A.C.
García Villagran señaló que el reciente caso de tres migrantes ecuatorianas que fueron asesinadas y otros más heridos a balazos por su captor fue por la falta de atención de las autoridades y el burocratismo que hay en el Instituto Nacional de Migración (INM), así como en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“El tapón o nudo humano en la frontera sur, la burocracia en los trámites y la no aplicación del artículo 52 de la Ley de Migración, ha dejado a los migrantes en manos del crimen organizado, en una región que se solidifica como Zona Mara, para desgracia de todos”, expresó el activista.
Añadió que hay un rotundo fracaso del Estado Mexicano en su política migratoria, ya que en la frontera sur de México se vive una crisis humana agravada que crece y que se mancha de sangre de inocentes al sur del país.
Destacó que en la frontera sur de México 9 de cada 10 mujeres sufren cualquier tipo de abuso de las propias autoridades, así como los distintos grupos del crimen organizado que operan impunemente en esta zona del país.
Indicó que de acuerdo a las autoridades migratorias de México el año pasado ingresaron un promedio de 950 mil migrantes y el 70% eran mujeres que buscan un mejor futuro.
Detalló que las mujeres migrantes sufren: asesinatos, secuestros, extorsiones, robos, vejaciones, maltrato, abusos, violencia de género, trata de personas, acoso y lo peor es que hay una impunidad total.
Recalcó que la corrupción y el burocratismo en los trámites migratorios han creado un entorno propicio para que los grupos criminales aprovechen la vulnerabilidad de los migrantes varados en Tapachula y sin poder seguir su camino a los Estados Unidos.
Puntualizó que urge acción por parte de las autoridades mexicanas para abordar esta grave crisis humanitaria que hay en la frontera sur de México. “Se requiere una respuesta inmediata para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes que atraviesan México en busca de una vida mejor”.