Para expandir su negocio en Chiapas, marcas de centros prendarios provenientes de Estados Unidos aprovechan la disminución en la demanda de los créditos para apropiarse de franquicias locales de “montepíos”.
José Torres, representante de una empresa local de ese giro, dijo que esas casas de empeño foráneas tienen sucursales “bonitas”, sin embargo, cobran altas tasas de interés. Además, cuando adquieren una marca local despiden a parte de todo el personal. La condición de mantener a la plantilla de trabajadores u ofrecer liquidaciones significativas frustró en los últimos meses algunas compras de centros prendarios que nacieron en la entidad.
Una de esas franquicias extrajeras tomó posesión prácticamente de toda una cadena que después de muchos años de esfuerzo amplió su mercado a todo el país. Otra se hizo de un negocio alterno de financiamiento que administraba un “Montepío” que funciona como una institución de asistencia privada. Por ello, cada vez vemos más casas de empeño.
Para el directivo, esas empresas americanas sólo aprovechan la oportunidad que brinda la desaceleración en la que está la industria prendaria del estado, con motivo de la contracción económica que Chiapas padece desde hace años. Esa situación también causó el cierre de establecimientos y/o recorte de empleados.
Hay algunos lugares que antes generaban mucho dinero y ahora sólo aportan 10 mil o 15 mil pesos mensuales. Esa cantidad es “irrisoria” al tomar en cuenta los costos operativos de un “montepío”. “Se va incrementando el costo de una sucursal poco a poco y cuando vienes a ver es muy alto. Si yo pusiera una tienda de abarrotes no es tan caro y deja más”, admitió Torres.
Exhortó a solicitar préstamos sólo en casas de empeño formalmente establecidas. Aquellas que están verificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor o afiliadas a una asociación de prestigio que cumpla con esas características. Los miembros de una de esas asociaciones a las que su centro prendario está afiliado, antes de cualquier operación toman fotografía del objeto dejado en garantía y del pignorante. Asimismo, toman huellas dactilares del cliente y fotocopian su credencial de elector.
“En caso de que las autoridades lo soliciten estamos obligados por la Ley Federal de Protección del Consumidor a brindar esa información a las autoridades. A nosotros no nos interesa cubrir a delincuentes. Al final de cuentas yo pierdo más y me cierran una sucursal por una persona”, puntualizó.
El 33.7 por ciento de los adultos mexicanos recurre a crédito liberado por medio de canales irregulares, como son la familia y los amigos, seguido de los usureros y los centros prendarios, según el INEGI