Colectivos de mujeres tomaron las calles de Tuxtla Gutiérrez este sábado para exigir a las instituciones públicas un alto a la violencia de género que ha afectado a Chiapas desde 1999. La movilización, encabezada por Yazmín Castellanos Gómez, presidenta de la asociación "Mujeres Chiapanecas al Frente del Cambio", busca no solo concientizar sobre la gravedad de la situación, sino también invocar los derechos constitucionales de libertad de expresión y protesta social.
"Desde 1999, hemos intensificado el reclamo por el fin de la violencia hacia las mujeres y niñas en Chiapas. Hoy, hacemos uso del artículo sexto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para defender la libertad de expresión y la protesta social", declaró Castellanos Gómez durante la marcha.
El evento, que coincidió con la iniciativa de la ONU Mujeres, tiene como objetivo movilizar a mujeres y hombres para solidarizarse con la defensa de los derechos de las mujeres y prevenir cualquier retroceso en materia de igualdad de género. Además, se propone la creación de un mundo libre de violencia de género.
"Retomamos la iniciativa de la ONU Mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Conmemoraremos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre ellas", enfatizó Castellanos Gómez.
Desde que en 2016 se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres, la ola de agresiones no ha cesado y, al contrario, ha ido en aumento. Colectivos exigen a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajar con responsabilidad y respeto hacia las víctimas.
"La atención que se requiere no existe como se exige. Falla la prevención, hay rezago en las carpetas de investigación, aumentan los casos de feminicidios. Exigimos a las autoridades que actúen con responsabilidad y respeto hacia las víctimas", expresó Castellanos Gómez.
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Los colectivos de mujeres en Chiapas documentan un preocupante incremento en los casos de desapariciones desde 2016. Los registros muestran 864 casos desde ese año hasta 2022, haciendo hincapié en la urgencia de medidas concretas para abordar esta problemática y garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres en la región.