A seis meses de la promulgación de la "Medida de Bienestar" anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores administrativos del Sistema Educativo Estatal en Chiapas continúan sin recibir respuestas concretas sobre el incremento salarial autorizado. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2023, debía ser retroactiva a enero del mismo año, buscando homologar los salarios quincenales a ocho mil pesos y los mensuales a 16 mil pesos.
A pesar de que el sistema educativo federal en Chiapas ya ha aplicado este aumento, el sistema educativo estatal enfrenta resistencias para cumplir con dicha disposición. Osiris Náfate, representante del personal administrativo, denuncia que, a diferencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación del gobierno estatal no ha honrado el compromiso, a pesar de recibir los fondos correspondientes a través de la Secretaría de Hacienda.
En una entrevista, Náfate explicó que, a pesar de los seis meses transcurridos desde la aprobación de la medida, no han logrado llegar a acuerdos con la Secretaría de Educación estatal para el pago del salario homologado. La cantidad total que se adeuda a este sector supera los 30 millones de pesos, afectando económicamente a trabajadores de distintas categorías, desde personal de apoyo hasta trabajadores eventuales.
La protesta, que se inició en diciembre del año pasado, continúa con un plantón frente a la sede de la institución educativa estatal en la capital chiapaneca. Náfate señala que la falta de explicación y la negación de este derecho constituyen una violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores administrativos del sistema educativo estatal.
El representante sindical critica la falta de compromiso del Subsecretario de Educación, Pablo Velázquez, quien, según él, ha generado falsas expectativas, y de la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, a quien acusa de carecer de sensibilidad para abordar y resolver esta problemática administrativa que afecta a un amplio sector de trabajadores. La comunidad educativa exige respuestas inmediatas y la aplicación efectiva del incremento salarial decretado por el gobierno federal.