Colectivas defensoras de derechos de las mujeres sostienen que en Chiapas la infancia se encuentra en gran riesgo de inseguridad. El Estado Mexicano no ha garantizado su protección en su justa dimensión al no castigar las agresiones, mientras que la conducta de la sociedad es lamentable.
La representante de la colectiva Promisión y Desarrollo del Estado de Chiapas (PRODECH), Alejandra Soriano Ruiz, dijo que el caso de Liliana Guadalupe "N" refleja un cáncer en la sociedad: el flagelo de la violencia, un mal que crece y se desarrolla en el seno de las familias.
"Es muy triste ver que el presunto agresor es un ser humano sano de esta sociedad patriarcal y machista. Sin duda, hay que hacer responsable al Estado Mexicano y a las autoridades federales y estatales, pero también debemos reflexionar sobre los valores que tenemos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es lamentable que este hecho se haya presentado para reflexionar sobre la conducta de la sociedad".
La exigencia es que la muerte de Liliana Guadalupe "N" no quede impune y que las instituciones refuercen las medidas de protección para la infancia, promoviendo una cultura de derechos humanos hacia las infancias, niñas, mujeres y adolescentes. Tuxtla Gutiérrez es uno de los siete municipios donde, en 2016, se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género debido a la alta incidencia de feminicidios y violencia hacia las mujeres.
Soriano Ruiz añadió que es necesario enviar un mensaje claro sobre la aplicación de la ley. "Las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas no somos objetos, somos sujetos de derechos y debemos ser respetadas. Las calles son nuestras y no debemos correr el riesgo de ser asesinadas".
Es lamentable que se reporte la desaparición de dos menores, una de ellas de Venezuela. En lo que va del año, llevamos 24 casos de feminicidio, y la Fiscalía General del Estado debe investigar todas las muertes de mujeres como feminicidios. Debe haber perspectiva de género y sentencias ejemplares. Es lamentable que sea la familia la que investigue en vez de que sea el Estado Mexicano quien aplique la ley. La exigencia es de justicia; las mujeres deben poder caminar en paz, añadió.
Virginia Hernández Espinosa, representante de la colectiva Mujeres Igualnet, dijo que el Estado Mexicano ha abandonado su responsabilidad en el cuidado de las infancias y que debe reformar las leyes para que este tipo de casos no queden impunes. "Hay que erradicar la violencia en la sociedad, pero debe haber una aplicación exacta de las leyes; no podemos permitir este tipo de acontecimientos".
Es lamentable que desde 2016 hasta la fecha, las colectivas hayan documentado 1,600 muertes violentas. Aunque la pasada legislatura del Congreso del Estado elevó la pena a 65 años para feminicidas, la ley no se aplica. Muchos de los detenidos se liberan inmediatamente, y las agresiones son cada vez más frecuentes.
"Elevar la pena no sirve de nada si no se aplica la ley. Tiene que haber justicia, y la Fiscalía General del Estado debe llegar hasta sus últimas consecuencias en las investigaciones, castigando con todo el peso de la ley a los agresores. No más impunidad, no más protección a los agresores", reiteró.
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