Chiapas necesita cumplir los compromisos establecidos en la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género de 2016, en materia de prevención del delito. De nada ha servido elevar la pena a 65 años de prisión contra feminicidas si no hay correcta integración de carpetas de investigación y si no hay sentencias ejemplares, sostiene Elean García, presidenta de la Primera Barra de Abogadas de Chiapas.
En entrevista, comenta que las colectivas han realizado un mayor trabajo de investigación, documentando desde 2016 hasta la fecha aproximadamente mil 600 muertes violentas; de ellas, 24 corresponden a este 2024 como casos de feminicidio.
En el marco de un taller de capacitación para abogadas de Chiapas sobre la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, abundó que, lejos de minimizar el incremento de la violencia en el estado, estamos cerca de la tercera declaratoria. La primera fue para siete municipios en 2016 y la segunda para los municipios de la región Altos. Lo urgente son mecanismos de prevención para que la justicia se aplique de manera pronta y expedita.
En presencia de otras abogadas, Elean García insistió en que se necesita incrementar la pena máxima para violadores y feminicidas en Chiapas, así como promover acciones y mecanismos fuertes y severos que ayuden a prevenir la violencia en la niñez, adolescencia y juventudes. "Como sociedad hemos hecho muy poco; en muchas ocasiones, minimizamos acciones, pero no pensamos en las omisiones que hay", compartió.
La tarea de la prevención es de todos, independientemente de las instituciones dedicadas a la procuración de justicia. La prevención es algo que debemos aportar como ciudadanía para evitar que cada vez veamos una víctima menos. Las estadísticas dicen una cosa y la realidad es otra; por falta de prevención, están apareciendo más muertas. Ninguna mujer tiene derecho a ser violentada; necesitamos urgentemente evitar más feminicidios y violaciones en el estado, indicó.
La abogada precisa que la justicia tiene que aplicarse en todos sus aspectos. "Lo que necesita nuestra sociedad es que un mecanismo de prevención puede ser la implementación de leyes coercitivas. Las niñas tienen derecho a ser felices. Elevar la pena no ha sido suficiente; no solo es elevar, sino prevenir más violencia, acoso y feminicidios. Estamos siendo exterminadas", comentó.
Puntualizó que el fallo no está en la declaratoria de alerta, sino en la forma en que educamos a nuestros niños y jóvenes. No son responsables algunos órganos públicos; la responsabilidad es de todos. "La violencia hay que detenerla, pero hay que hacerlo con un enfoque integral."
¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️
