A las 11:49 horas del 7 de septiembre de 2017, el movimiento telúrico de más intensidad en los últimos 100 años tuvo como epicentro el golfo de Tehuantepec, justo a 137 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y a 69.7 kilómetros de profundidad; 8.2 grados de magnitud sorprendió al sur de México.

El Sistema Estatal de Protección Civil reportó 59 mil 500 viviendas afectadas y 14 mil con daño total, principalmente en zonas rurales debido a que estaban construidas con material artesanal, como el adobe.

En un segundo momento, el gobierno federal, en aquel entonces a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto, a través del Fondo de Desastres Naturales, ayudó a 46 mil casas. Las ruinas se presentaron en 82 municipios, según el reporte emitido por el Instituto de Comunicación Social de la administración del exgobernador Manuel Velasco Coello.

No obstante, las pérdidas más lamentables en Chiapas, fueron las vidas de dieciséis personas.

Enrique Guevara Ortiz, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), expuso que dicho fenómeno natural dejó una vasta experiencia en materia de prevención, lo que ha contribuido a la reducción de riesgos de desastres.

Sin embargo, precisó que aún hay muchas áreas de oportunidad para mejorar y esto tiene que ver con crear mayor conciencia en la población sobre los peligros a los que están expuestos; para ello, es importante aprender cómo prevenir las destrucciones, cómo participar en la atención de la emergencia y cómo reconstruir.

“Normalmente hay que ver a los desastres como oportunidades; sabemos el gran impacto que tuvieron los sismos del 7 y 19 de septiembre, tanto en términos de pérdidas de vidas humanas como en términos económicos”.

Doce días después de este acontecimiento, precisamente el 19 de septiembre, otro terremoto de gran intensidad ocurrió en el centro del país; a las 13:14 horas, un movimiento de 7.1 grados con epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, a un kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. Las principales afectaciones se registraron en la Ciudad de México.

El director del Cenapred, remarcó que ambas catástrofes provocaron un daño económico aproximado de 88 mil millones de pesos, tanto en infraestructura como secundarias: “entonces esto se da cuando ocurre una oportunidad para reconstruir mejor y para ir creando conciencia”.

Reiteró que las oportunidades que presentan los desastres naturales están en entender cuáles fueron las causas que dieron su origen, como fue el caso de las moradas colapsadas, con las cuales se puede diagnosticar con qué materiales fueron construidas y de qué forma mejorar las construcciones.

Prevención, un tema de corresponsabilidad social e institucional

El funcionario Federal, destacó que Chiapas es la entidad donde más avances se ha tenido en materia de gestión de riesgos y participación comunitaria, al hablar sobre el programa preventivo de Protección Civil PP5, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades locales en las comunidades de mayor vulnerabilidad, para educar, capacitar y adiestrar a la población en la Gestión Integral de Riesgos de Destres.

“La labor que están desarrollando aquí en el estado a través de este programa y la conformación de comités de prevención y participación ciudadana, es un paso muy importante. Los beneficios se irán viendo en el futuro (…) El gran problema de la prevención es que los beneficios no son tangibles ni tan a corto plazo; normalmente si se invierte en prevención, ya no suceden los desastres, ya no se ven”.

No obstante, agregó que por muchos años se dispusieron muchos riesgos en México, entonces, todavía va a pasar un tiempo importante en el cual se verán los beneficios de la prevención, “pero Chiapas va en el camino correcto”.

Y es que, enfatizó que el principio de operación del Sistema Nacional de Protección Civil se basa en la coordinación de acciones, donde se privilegia el principio de la subsidiaridad: “Esto quiere decir que, los primeros en responder son los grupos locales -en el caso de Chiapas desde el nivel comunitario se preparan estos comités-; cuando se ve rebasada la capacidad local entra el siguiente orden de gobierno, en este caso los municipios y gobierno estatal, y cuando todas estas son rebasadas entra el gobierno federal”.

Para ello, dijo el delegado, la administración actual, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, privilegia la coordinación de actividades.

Por esta razón, mencionó que se han reunido con cada una de las 32 entidades, por medio de sus responsables de Protección Civil, con quienes han hecho una revisión de la agenda de riesgos, de las acciones y de qué forma mejorar la colaboración, que incluya los instrumentos financieros, para que, cuando haya una solicitud de declaratoria de emergencia o de desastre se pueda hacer de una manera expedita, transparente y honesta.

Comunidades vulnerables de Chiapas

Explicó que la promoción de riesgos, desde lo local, es muy importante debido a que es ahí donde existe un sector muy vulnerable que está conformado por las mujeres y niñas; toda vez que, por cuestiones culturales, sociales y económicas, son quienes menos oportunidades tienen de aprender a protegerse y/o actuar con prevención.

A esto sumó que un desastre natural no se percibe igual en una ciudad que una comunidad alejada de la capital o incluso de las mismas cabeceras municipales, por lo que reiteró que todo tiene que ver con las cuestiones sociales y económicas, lo que incrementa la condición de vulnerabilidad de las personas, por eso, remarcó la importancia de la capacitación en materia de prevención en esos lugares.

A dos años del suceso

Luis Manuel García Moreno, titular de la Secretaría de Protección Civil, declaró que los mega simulacros que se han efectuado en la entidad han sido de gran ayuda, aún más para lo que pueda suceder, ya que Chiapas no está exento de ser escenario de otro fenómeno natural de esa índole.

“La comunidad científica así nos lo hace saber porque Chiapas está ubicado sobre tres placas tectónicas (de Cocos, de Norteamérica y del Caribe) y por eso vamos a participar en un macro simulacro a nivel nacional junto con 17 entidades federativas susceptivas de recibir sismos de gran magnitud (…) se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre”.

A dos años del terremoto y en memoria de las afectaciones que se suscitaron en el estado, García Moreno fue claro en decir que es necesario que toda la sociedad le dé la importancia a las acciones de prevención; además de ser necesario actualizar el reglamento de construcción, que es responsabilidad de los ayuntamientos, así como regular el uso de suelo para prevenir calamidades en caso de darse un acontecimiento similar al vivido el 7 de septiembre de 2017.