La paridad de género en los cargos de elección para los comicios del 6 de junio del 2021 no pueden ser una simulación, tiene que aplicarse la legislación electoral en su justa dimensión, evitar criterios de interpretación y garantizar a plenitud los derechos de las mujeres, enfatizó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordán.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, enfatizó que los órganos Públicos Locales Electorales (OPLE) tienen el mandato de vigilar que las postulaciones de candidatos a puestos de elección sean paritarias de manera vertical, horizontal y transversal y que se respeten los derechos políticos y electorales en la contienda.
En el caso de Chiapas en que se renovarán 124 ayuntamientos, 123 por sistema de partidos políticos y uno por sistemas normativos internos, tiene que reflejarse esta disposición, así como para la elección de 40 fórmulas de diputados locales, 24 por el principio de mayoría relativa y 16 de representación proporcional.
Durante un conversatorio organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), sustentó que para el 2021 el reto es de suma importancia porque se aplicará por primera vez la reelección, aunque en Chiapas será por segunda vez, puesto que en los comicios del 1 de julio del 2018 se reeligieron los diputados locales Fidel Álvarez Toledo y Dulce María Rodríguez Ovando, por el Partido Verde Ecologista de México y María Elena Villatoro Culebro, por Chiapas Unido.
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Otro desafío es prevenir, combatir y erradicar la violencia contra la mujer que en México es alarmante y que en Chiapas no es excepción, donde el INE como los OPLES tienen que velar porque se respete el derecho a la igualdad de las mujeres el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentencia SUP-REC-91/2020, ordenó crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes incurren en violencia política en razón de género.
La violencia se visibiliza y se llama por su nombre y las reformas federales y estatales no la han detenido, tenemos que hacer público los nombres de las personas que están causando violencia, y la secretaría de la Función Pública federal y estatal tendría que imponer sanciones.
Dijo que abría que ampliar el registro a deudores alimentarios y responsables de violencia financiera para que los partidos políticos tengan muy claro quienes no pueden ser candidatos a puestos de elección porque no tienen un modo honesto de vida al ser responsables de violencia contra las mujeres.
Exige cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales para ejercer adecuadamente los deberes encomendados, el registro deberá ser de gran utilidad para atender este tipo de violencia que daña la democracia y hacer valer el Procedimiento Especial Sancionador y establecer medidas cautelares a favor de las víctimas directas e indirectas y potenciales, medidas de reparación y protección, que son urgentes porque está en riesgo la vida de las víctimas.
Humphrey Jordán puntualizó que todos los partidos políticos tanto para el proceso electoral federal y local tienen que prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género como instituciones garantes de un Estado de Derecho, tenemos que salvaguardar la vida libre de violencia en que las mujeres tienen que participar en las elecciones.