Frente a las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que el gobierno mexicano frene las caravanas migratorias, la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara al sostener que su administración está en la mejor disposición de atender el fenómeno migratorio y ayudar a resolver otros problemas que afectan al vecino país, como la crisis del fentanilo, pero será bajo los principios de diálogo y colaboración, no de subordinación.
México se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Por estas razones, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, México ha puesto en práctica un plan estratégico que tiene como objetivo principal atender las causas que originan las migraciones con total apego a los derechos humanos de las y los migrantes.
En el dialogo telefónico que sostuvo la Doctora Sheinbaum con Donald Trump sobre migración, fentanilo y seguridad, le explicó las acciones que su gobierno ha implementado desde enero de 2024 a partir de esta estrategia integral.
Una de ellas es la colaboración regional con los países de origen de la mayoría de migrantes, a través de los apoyos que otorga la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID), en dos programas principales: Sembrando Vida; y Jóvenes Construyendo el Futuro, que se irán ampliando paulatinamente en la actual gestión federal.
De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar, hasta mayo de 2024, el Gobierno de México, a través de la AMEXCID, destinó 108.3 millones de dólares (mdd) para programas de cooperación que atienden las causas estructurales de la migración irregular desde países de Centro y Sudamérica. Los recursos se traducen en acciones implementadas en ocho países, donde se beneficia a 71 mil personas.
En total, desde la AMEXCID se coordinan y ejecutan 26 proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en países expulsores de migrantes, entre ellos Honduras, Colombia, Venezuela, Haití, El Salvador, Costa Rica, Belice, Panamá y Guatemala.
Otra de las acciones son los esquemas, mecanismos y programas de movilidad que permiten la integración laboral de las personas migrantes y la complementariedad de los mercados para un óptimo desarrollo económico de las regiones de Norteamérica y Centroamérica, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Adicionalmente, la Secretaría de Bienestar, con el apoyo de otras dependencias e instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el INM; la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y los gobiernos de los estados y municipios, llevan a cabo un conjunto de apoyos para la atención a las poblaciones migrantes, entre ellas la instalación de albergues temporales a lo largo y ancho del país, con atención especial en la frontera sur.
Entre estos apoyos que forman parte de la estrategia, el INM coordina la operación de diversos grupos de atención y defensa de las personas migrantes que ingresan, transitan o salen de territorio nacional -independientemente- de su situación migratoria, nacionalidad, religión, condición política, económica o social, y con especial asistencia y cuidado de quienes se encuentran en situación vulnerable.
Estas acciones se complementan con las actividades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos.
Desde el Congreso de la Unión, las y los legisladores federales de la Cuarta Transformación apoyamos de manera decidida a la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobando una serie de medidas legislativas para reforzar la política migratoria segura, ordenada, regular y humana; con perspectiva de género y de derechos humanos, del gobierno mexicano.