En Venezuela, la censura es un hecho. El parlamento, dominado casi en un 100% por el chavismo, está decidido a evitar actividades y expresiones que resulten contrarias al reconocimiento al triunfo del dictador Nicolás Maduro; para lo cual alista una serie de leyes para regular (en contra) a las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, empresas, medios de comunicación y redes sociales.
En opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, perteneciente a la organización de Estados Americanos OEA, de acuerdo a información publicada por El Heraldo de México, estas acciones restringirán el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública de los ciudadanos venezolanos; en Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Cuba se encuentran vigentes normas similares. Y no le falta razón.
Es evidente el avance de la izquierda más radical de Latinoamérica, productora de pobreza, explotadora del paternalismo autoritario, promotora de dictaduras, cómplice del crimen organizado y autora de múltiples violaciones a los derechos humanos. Las cifras de pobreza, uso indiscriminado del dinero público para comprar elecciones, criminalidad, corrupción, impunidad, abusos, asesinatos políticos y atentados a la libertad de expresión, lo confirman.
En México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace lo propio: protesta por el financiamiento de la Agencia Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development USAID) a ONG’s mexicanas, particularmente a Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad MCCI; y no menos importante, promueve una serie de reformas constitucionales para maniatar a la única institución independiente que regula las relaciones entre las autoridades y los particulares, la Suprema Corte de justicia de la Nación.
La presencia de la USAID en México tiene una larga tradición, hay que decirlo. Su financiamiento ha rendido buenos frutos en nuestro país. Ha colaborado con gobiernos en todos los niveles, incluyendo mayoritariamente el federal, y con empresas y sociedad civil; en materia de desarrollo, población y planeación familiar. A lo largo de su historia, ha sido uno de los principales organismos de apoyo al sector salud y población: ha brindado asistencia, prestación de servicios, información y comunicación, recolección de datos y análisis, capacitación, investigación de operaciones, suministro de anticonceptivos y ayuda humanitaria, como ocurrió con motivo del sismo de 1985 en la Ciudad de México.
Queda claro, sin embargo, que para el presidente AMLO todo lo anterior no importa. Su agenda se encuentra alineada con el Foro de Sao Paulo y los países gobernados por los partidos afines, herederos del propósito del extinto líder cubano Fidel Castro, de exportar el socialismo a toda la región hispanoamericana, bajo directrices que puntualmente hemos visto cumplir, entre otros, en Brasil, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador y ahora en México. Para ellos la rectoría política de cada país corresponde única y exclusivamente al gobierno surgido de los partidos políticos afines al proyecto socialista.
Es evidente el propósito político e ideológico de la “nota diplomática” en la que AMLO pide al gobierno de EUA, que explique el financiamiento a MCCI. Esa nota es a todas luces ociosa y propagandística. Bastaría con revisar los acuerdos y leyes que durante más de 60 años han permitido la actividad de la USAID en México, así como su participación junto con los gobiernos, incluido el del propio López Obrador. Tanto las acciones mencionadas líneas atrás como, además, en cuanto la preservación de la naturaleza, intercambios para abordar los desafíos comunes de desarrollo, programas universitarios y becas para poblaciones indígenas.
Desde el punto de vista de los gobiernos adictos al Foro, los ciudadanos que piensan libremente, partidos políticos de oposición, empresas particulares, organizaciones no gubernamentales, redes sociales no controladas y medios de comunicación independientes, no son elegibles como sujetos de derechos políticos. Por lo tanto, se les debe combatir, no importa de qué manera hayan aportado mediante acciones, participaciones o financiamiento, a través de su historia, para apoyar causas justas y el desarrollo político, económico y social de los pueblos.
La homogeneización de las leyes restrictivas de los Derechos Humanos, particularmente los de asociación y libertad de expresión en todos esos países, no es fortuita. Obedece a un plan para convertir la región en territorio de los liderazgos forjados a la sombra del Foro de Sao Paulo y sus familias. En el caso de México, no se ve ni por asomo la posibilidad de que el cambio de gobierno revierta dicha tendencia, porque la actual presidente electa está destinada a caminar a la sombra del hombre fuerte de México, el ya casi ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
La historia de los países alineados al Foro, es evidencia del método preestablecido para conservar el poder por parte de los partidos de izquierda, que empieza por empobrecer al pueblo, luego comprar la voluntad de los ciudadanos mediante políticas asistencialistas (más listas que asistenciales), cooptar o destruir la efectividad de las instituciones y organizaciones que representan una alternativa política, restringir las libertades constitucionales, formar una corriente política y manipular las elecciones para garantizar el liderazgo del proyecto de un hombre fuerte.
La “nota diplomática” que pretende inhibir el financiamiento de la USAID a proyectos contra la corrupción y la impunidad; y la propuesta de reforma constitucional para reducir al Poder Judicial de la Federación a una simple agencia al servicio del partido Morena, no son ocurrencias. Son parte de un proyecto más amplio, que pretende constituir un bloque político económico a favor del socialismo, en el que México es clave. Creámoslo o no. Hay una lucha entre la libertad y el rasero que la corta. Lo demás será historia.
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