Las cifras de migrantes que México recibió durante el sexenio pasado (2023), fue continuamente in crescendo: en el 2019, fue de 182,940; 2020, de 82,379; 309,692 el 2021; 441,409 el 2022; y 782,176 el 2023.
En los meses de enero a marzo del presente año, se mantuvo la tendencia creciente de migraciones irregulares registradas, la cual alcanzó un récord histórico: 360,146 eventos tan solo en este período.
Se puede observar en estas cifras establecidas por la Organización Internacional para la Migración OIM, un claro reflejo de las políticas de Donald Trump en el año 2020: una sensible anomalía en la tendencia de la migración.
Por si no lo recuerda, estimado lector, en el año previo a esa baja migratoria, el entonces presidente Donald Trump presionó con imponer aranceles a México, si este no contribuía a pagar el famoso muro.
Este episodio vergonzoso, tuvo como consecuencia que México aceptara convertir a nuestra Guardia Nacional y al Ejército –contra su función constitucional– en guardianes de la frontera y servir como “patio trasero" de los EUA. Un tercer país seguro, sin serlo. Para perjuicio de los migrantes y oprobio de los mexicanos.
Un tercer país seguro es un país que no es el país de origen ni de destino de un migrante, pero que ofrece a este protección y seguridad temporal. Se debe cumplir al efecto, los tratados internacionales relevantes, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967, entre otros requisitos.
Dicha Convención establece condiciones mínimas que un país debe cumplir para adquirir esa categoría, como garantizar que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen, es decir, respetar el principio de "no devolución".
Pero además, el tercer país seguro debe garantizar a los migrantes el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación, el derecho a la reunificación familiar y verificar que los solicitantes tienen un vínculo cercano con el país de acogida.
Lo que considero importante destacar en todo esto es que, si atendemos la tendencia migratoria en el cuatrienio de Donald Trump, es evidente que no quiso ir a fondo con sus deportaciones. Y que, ante la situación en la que el gobierno de Morena ha sumido a México, tampoco el gobierno mexicano podía ni puede cumplir los estrictos estándares de la regulación internacional.
De modo que es previsible que los migrantes enfrenten las mismas condiciones del 2019, 2020 y los siguientes, sin que las autoridades de los países involucrados se preocupen por su suerte y la crisis humanitaria que esto genera. No menos cierto es que, el incremento de migrantes en suelo nacional impactará sobre la vida de las regiones.
Una crisis humanitaria es una situación de emergencia, requiere ayuda humanitaria para prevenir o aliviar el sufrimiento de una población afectada. Puede incluir desplazamientos de refugiados, necesidad de atención médica, alimentaria o de otro tipo para un gran número de personas. Y condiciones en las que los servicios asistenciales regionales son insuficientes.
Pero la crisis humanitaria no sólo afecta a las personas directamente involucradas, es decir, los refugiados. También tiene impactos más amplios en la economía, la seguridad y la estabilidad de las regiones. Aparte de los posibles efectos delincuenciales producto de la desesperación.
Las deportaciones y expulsiones de indocumentados de los EUA y que México se convierta en tercer país seguro sin decirlo, tendrá consecuencias para los propios refugiados y nuestro país. A ellos porque mínimamente no se garantiza el principio de “no devolución”. Y a la población mexicana, porque no cuenta con las condiciones que teóricamente deben proporcionarse a los refugiados.
Es evidente la presión de las migraciones y desplazamientos sobre los servicios básicos como vivienda, alimentación y atención médica, lo que tiene como consecuencia un incremento de gastos y menor eficacia de los recursos disponibles, de por sí insuficientes para atender las carencias de los mexicanos.
A pesar de todo esto, no se advierte que el gobierno de Claudia Sheimbaun negocie con la administración estadounidense para encontrar soluciones más efectivas y humanas para abordar la migración; se busque la creación de programas de apoyo y recursos para los migrantes y, en general, se prevea cómo mitigar los impactos negativos.
No basta con que la presidenta Sheinbaum se comprometa al “rescate de migrantes”, mejorar su situación, integrarlos al mercado laboral e invertir en programas para que los jóvenes no abandonen sus países de origen en busca de oportunidades. Esto no ha sido posible ni siquiera con la migración interna y menos, en relación con el enrolamiento de nuestros jóvenes en las filas del crimen organizado.
No es un tema de voluntarismo, sino de estrategias y recursos. Se requiere una gestión eficiente de la diplomacia, la política y el financiamiento internacional, para que los programas de apoyo tengan un impacto real, eficaz y sostenido. Y que la población de México no tenga que pagar las consecuencias de la desatención y la ligereza.
No olvidemos la sentencia que pronunció hace ya algunos años el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon: “Los refugiados son personas como las demás, como tú y como yo. Antes de ser desplazados llevaban una vida normal, y su mayor sueño es recuperarla”. Esperemos que la apatía gubernamental de Sheimbaun y la agresiva imagen que Trump quiere proyectar ante sus paisanos, no nos conviertan en refugiados en nuestro propio país.
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