El combate a la pobreza y la pobreza extrema en México, han sido propósitos gubernamentales explícitos con dos antecedentes fundamentales: el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER, 1970) y el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) de Carlos Salinas de Gortari en 1989.
PRONASOL tuvo propósitos ambiciosos en alimentación, infraestructura de salud y educación, vivienda y tenencia de la tierra, electrificación, procuración de justicia, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales; a partir de los cuales se hizo un esfuerzo sostenido durante más de 20 años posteriores.
Los programas popularmente conocidos como Progresa, Oportunidades y Prospera (POP), operaron en forma transexenal con criterios más objetivos en materia de alimentación, salud y educación, bajo el liderazgo de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
El POP tuvo tres líneas de acción: 1) transferencias monetarias condicionadas (TMC), 2) formación de capital humano y 3) oferta gubernamental articulada para generar un piso de inclusión social.
Iliana Yaschine, en un ensayo patrocinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2019), describe dichos programas de la manera siguiente:
Educación. Entrega de becas educativas a las familias por cada hijo que asistiera a la escuela, entre tercero de primaria y tercero de secundaria; y apoyo para la adquisición de útiles escolares. Becas cada vez mayores conforme el nivel escolar; y más altas para las niñas a partir de secundaria.
Salud. Acceso a un paquete de salud preventiva, pláticas educativas para la salud y provisión de suplementos alimenticios para niños pequeños y mujeres embarazadas o en lactancia, con seguimiento a los casos que presentaban desnutrición.
Alimentación. Entrega de transferencias monetarias a las familias, en una proporción del 34% del ingreso promedio de las familias en condición de pobreza extrema, cuyos montos se actualizaban según la inflación; así como apoyos en especie.
Para asegurar un mejor uso de los recursos, los apoyos se entregaban a la madre de familia como “titular”; y no eran un simple regalo, debían cumplir metas que claramente las hacían responsables de merecer dichos recursos.
La transferencia monetaria de fondos públicos a particulares que cumplían determinadas condiciones, fue considerada una medida populista en los inicios del POP; pero, posteriormente, se normalizó y demostró que podía obtener resultados prácticos.
Evidentemente, con la inclusión de otras categorías y el crecimiento poblacional, las metas y programas específicos del POP tuvieron que modificarse a la alza, lo que implicó un alcance poblacional de 27 millones de beneficiarios.
Por enunciar los programas más representativos que se generaron por el POP hasta el 2018: Becas para estudiantes del nivel medio superior; Jóvenes con Oportunidades; Supera; Nutrición; Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia; Apoyo Alimentario (PAL); Pensión para Adultos Mayores; Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.
También: Abasto Rural; Abasto Social de Leche; Empleo Temporal; Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres; Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa 3 x 1 para Migrantes; Desarrollo de Zonas Prioritarias; Opciones Productivas. Entre otros.
Actualmente muchos de ellos se suprimieron y fueron sustituidos por otros, con criterios distintos. Es hora de atender los problemas que no se han resuelto. La elección ya pasó. La disputa por la paternidad de los programas sociales será una simple anécdota, habida cuenta de que existe una historia perfectamente rastreable.
Lo importante es que el nuevo Gobierno asuma con responsabilidad una etapa más de la lucha contra la pobreza, dando continuidad a los esfuerzos precedentes y con atención a la nueva realidad de México.
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