El asesinato del Coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales Figueroa, demuestra la fragilidad de las instituciones policiales de México y su impotencia ante el crimen organizado.
Las declaraciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez en el programa matutino del presidente, en las que reconoció el seguimiento paso a paso en los días previos al funcionario inmolado por parte de sus perpetradores, son un monumento a la ineficacia.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, develó el hecho de que el funcionario contaba regularmente con un equipo de apoyo y protección, pero que el día de su asesinato por alguna razón “no lo acompañaba”.
No es válido hablar de “vacaciones” u horarios fuera de servicio, para justificar la falta de protección a uno de los encargados de la lucha contra el crimen en México, cuando es por demás claro que por la función que desempeñaba, su vida corría peligro en todo momento.
Si el protocolo de protección puede relajarse a contentillo, quiere decir que quienes dirigen la política de seguridad pública, no tienen la menor idea de cómo cuidar de ellos mismos y muchos menos, estarían capacitados para brindar seguridad a los ciudadanos.
No es el caso, evidentemente. Se sabe que en ciertos niveles de las estructuras policiales, no sólo se cuenta con una protección permanente, sino que tienen equipamiento y servicios de inteligencia suficientes para evitar un atentado, recursos ciertamente cuantiosos que deberían cuando menos impedir un acercamiento de riesgo, como el que permitió dar muerte al funcionario.
Motivo por el cual se debe esclarecer la responsabilidad del retiro de la escolta que abrió la oportunidad al atentado mortal, y dejar de lado que haya sido un tema de confianza o relajamiento de la disciplina de Morales Figueroa, el cual tenía más de 17 años de experiencia en temas de seguridad.
Mucho menos cuando se sabe de la cercanía de la víctima con el próximo secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch; y a quien algunas versiones publicadas pronosticaban en el liderazgo del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), en la nueva versión civil que se supone se convertirá en el próximo sexenio.
Y si bien, sobre el futuro secretario García Harfuch pesa la amenaza de un cartel del narcotráfico y un intento de asesinato; el contexto, el modus operandi, la capacidad de seguimiento y ejecución y las circunstancias en las que se desarrolló el asesinato de su colaborador, no dejan lugar a dudas: hay móviles políticos en el atendado.
No se trata de una simple venganza o cobro de facturas. Se trata de una acción que busca incidir en las decisiones del futuro gobierno en materia de seguridad pública. Y sin duda, en la continuidad de la política de “abrazos, no balazos”, a la cual los involucrados no son proclives, como se deduce del simple hecho de que a ellos sólo les han tocado los balazos.
Según la asociación civil Causa Común, la cual ha dado una seguimiento hemerográfico junto con un grupo de reporteros desde el 1º de diciembre de 2018, a la fecha son más de 2,400 policías asesinados en México, muchos de los cuales han sido ejecutados sin mayores trámites.
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