El objetivo de toda norma jurídica es que sea justa, válida y eficaz para resolver una problemática contextual. Para esos efectos, los legisladores deben verificar que la legislación sometida a su análisis, reúne las características recogidas por la doctrina y compiladas en las propias leyes, como no ser retroactiva y sí, respetuosa de los derechos y libertades de los individuos.
En el caso de la reciente reforma judicial, su prueba de fuego es la elección de ministros, magistrados y jueces que deberá realizarse el 2025 y que, a la luz de un análisis detallado, resulta un bodrio. Me recuerda los anhelos epistolares navideños de los niños, sin la menor idea de lo que cuesta fabricar tantos juguetes y llevarlos desde el Polo Norte a los diferentes lugares del mundo.
Lo anterior se pudo demostrar mediante un simulacro de elección judicial, realizada bajo la conducción del diputado federal Rubén Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y actual líder de la bancada de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional. Sin duda con toda la experiencia política y electoral, por lo cuál los resultados de su ejercicio deberían asumirse con total seriedad por parte del gobierno de la república.
El mismo consistió en la instalación de una casilla electoral y la participación de ciudadanos que “acudieron” a ejercer su voto, tomando como referencia territorial la Ciudad de México, en la que deberá elegirse el próximo año a 25 integrantes de los poderes judiciales federal y local, para lo cual se procedió de la manera siguiente.
Un ciudadano se identificó ante la directiva de la casilla y recibió 25 boletas para elegir entre otros tantos cargos jurisdiccionales. Entre todas las boletas se acumuló un listado de 4,182 candidatos que el ciudadano tendría que leer para seleccionar un promedio de 648 candidatos, al tenor del simulacro, cuyos nombres debió escribir en las boletas, como lo establece la Constitución reformada.
Hecho lo anterior, el ciudadano salió de la mampara a depositar cada una de las boletas en su correspondiente urna (son 25 urnas), para lo cual debió seleccionar una por una cuál boleta depositar en qué urna. El tiempo promedio que cada ciudadano requeriría para llevar a efecto estas acciones, con cronómetro en mano del diputado Moreira, fue de 4 horas, 15 minutos, 52 segundos. ¿Se imaginan? ¿Por cuántos electores? ¿Entre cuántas urnas? ¿Cuánto tiempo habría de esperar el último de la fila? Se trata, ni más ni menos, de una elección imposible de realizar legalmente.
Recordemos que el estratega chino Sun Tzu consignó en "El Arte de la Guerra", la importancia de establecer objetivos realistas y alcanzables; el genio militar francés Napoleón dijo que, "no se debe dar órdenes que no puedan ser ejecutadas"; y el célebre general estadounidense Patton, "no pidas a tus hombres que hagan algo que no puedan hacer". Se trata de una enseñanza universal que se le olvidó a los diputados que aprobaron la reforma judicial.
Al término del simulacro, Rubén Moreira dijo que la elección del Poder Judicial “es una vacilada, pero hay un problema –y se los digo a mis compañeras y compañeros de Morena–: ustedes pusieron en la Constitución cosas tan específicas, que no las van a poder arreglar en las leyes secundarias”. Cuánta razón. Habría que escuchar la voz de la experiencia.
Sería prolijo seguir el análisis del simulacro. Prefiero observar que a ello debe aunarse el costo presupuestario que implica una elección de esas dimensiones. Puesto que no se trata de un sondeo, plebiscito o consulta, sino de una elección, el Instituto Nacional Electoral deberá llevar a efecto todos los procedimientos y aplicar todos los criterios establecidos para una elección constitucional. Lo cual se debe traducir en gasto presupuestal.
Para determinar todos los efectos financieros potenciales y efectivos, positivos y negativos de la reforma judicial en el erario público, el Congreso debió hacer la Evaluación de Impacto Presupuestal prevista en la legislación, para tener pleno conocimiento de cómo dicha reforma afectaría al presupuesto del público: costos y gastos adicionales, sostenibilidad y riesgos.
Tenemos que recordar que según los Criterios Criterios de Política Económica 2025, habrá una disminución en los ingresos petroleros, se debe reducir el gasto público en cerca de medio billón de pesos, habrá una presión nominal a la alza del 3.7% en los programas sociales y se enfrentará riesgos como la volatilidad de los mercados financieros y choques geopolíticos, que podrían afectar las proyecciones económicas. ¿La reforma es congruente con esto?
Al parecer, los legisladores pro reforma judicial jamás se cuestionaron si esta era viable en la praxis y si resultaría financieramente sostenible; si el país puede soportar un carrusel de elecciones y los consecuentes problemas políticos y económicos que esto conlleva. En lo que viene, es cierto que tienen la aplanadora dispuesta para imponer una legislación secundaria a modo, al tenor de la vieja consigna marxista que dice, "si la realidad contradice a la teoría, tanto peor para la realidad".
A la ignorancia de la complejidad de los fenómenos sociales y económicos y políticos, y a la dificultad de que una visión dogmática y rígida sea asertiva, la mayoría de los científicos y filósofos ha opuesto que la teoría debe ser guiada por la realidad y no al revés. Como lo enunció Albert Einstein: "La teoría es cuando se sabe todo y no se entiende nada. La práctica es cuando se entiende todo y no se sabe nada."