En el marco de la renovación y reestructuración que Claudia Sheinbaum implementará en el ámbito educativo y de investigación, se avecinan cambios significativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la alta burocracia de la educación superior en México, incluyendo el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Es crucial que los equipos de la próxima Presidenta y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el próximo sexenio bajo la dirección de Raquel Buenrostro, revisen detalladamente los perfiles y las prácticas de los directivos del IPN. La consigna de "no robar, no mentir y no traicionar" parece no ser la carta de presentación de varios de ellos.
En la comunidad politécnica, es conocido que el control político y administrativo del IPN está en manos de Javier Tapia Santoyo, quien se presenta como cercano a Sheinbaum y potencial próximo director del instituto.
Tapia Santoyo, exfuncionario priísta con un papel prominente en la administración de la 4T, está acusado e investigado por su presunta participación en el desvío de más de tres mil 300 millones de pesos a través de la Sedatu, la Secretaría de Economía, el ISSSTE y actualmente el IPN. Bajo la dirección de Arturo Reyes Sandoval, el IPN se ha convertido en rehén de Tapia y su círculo cercano, integrado por Igor Jasso, Marco Antonio Ramírez Urbina, José Alonso García Salazar e Hipólito Rosas Molina, conocidos por sus asignaciones directas de contratos públicos.
Las prácticas de Tapia Santoyo han llegado a la Cámara de Diputados, donde se le acusa de presuntos manejos indebidos con la Fundación del IPN. La reciente designación de Buenrostro al frente de la SFP ha generado inquietud en este grupo, pues ella, desde el SAT, inició una investigación ahora en manos de la FGR.
El año pasado, el IPN otorgó el 53.23 por ciento de sus recursos, equivalentes a mil 787 millones de pesos, en asignaciones directas a través de seis mil 145 contratos, muchos de los cuales involucraron al equipo de Tapia. De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMCC/FECC-CDMX/0000753, la SFP y el SAT presentaron pruebas ante la FGR sobre el presunto desvío de miles de millones de pesos mediante una red de empresas vinculadas a Tapia Santoyo y Ramírez Urbina, actual vocero del IPN. Asimismo, se sabe que Tapia Santoyo ha promovido al menos nueve amparos para él, su esposa y familiares, en un intento de detener órdenes de aprehensión y diversas investigaciones patrimoniales y administrativas. Sus colaboradores también están bajo escrutinio por el órgano interno de control del IPN por numerosas irregularidades en la asignación y administración de contratos.
Entre los funcionarios del IPN es conocido el gusto de Tapia y su equipo por la tecnología y la velocidad. El SAT, bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino y próximamente Raquel Buenrostro, debe revisar la evolución patrimonial de estos funcionarios, incluyendo sus autos, entre ellos un Tesla X azul con placas F10-ANR.
Es imperativo, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que cualquier proveedor o servidor público con conocimiento de actos de corrupción en la administración del IPN lo denuncie a las autoridades, asegurando así que los recursos públicos se utilicen adecuadamente y los malos funcionarios no formen parte del segundo piso de la transformación del país.
